El Partido Popular se compromete a reformar el Código Penal para «abolir» la esterilización «involuntaria» de las personas con discapacidad, que afecta especialmente a mujeres y niñas con discapacidad intelectual, según consta en su programa para las elecciones generales del próximo 28 de abril.
Se trata de una reivindicación histórica del movimiento social de la discapacidad, representado por el CERMI, que, en numerosas ocasiones ha denunciado que la esterilización forzosa en España –1.000 personas en la última década– va en contra de los derechos humanos.
El artículo 156 del Código Penal permite la esterilización involuntaria: «No será punible la esterilización de persona incapaz que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquella haya sido autorizada por el Juez a petición del representante legal del incapaz, oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz».
La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por España hace más de una década, indica que las personas con discapacidad «tienen derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten» y, en concreto, su artículo 23.1 señala +que deben tener derecho a «mantener su fertilidad, en igualdad de condiciones que los demás».
También en materia de discapacidad, los ‘populares’ proponen una ‘Ley de Promoción de la Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad’, que contemple entre otras medidas incrementar la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, subvenciones por las adaptaciones del puesto de trabajo o incentivos fiscales a empresas.
Sobre el alumnado con discapacidad, el PP se compromete a garantizar el derecho de los padres a elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos, tanto especial como normalizado, y asegurar que este último caso haya profesorado adicional para que la educación sea inclusiva.
En materia de personas mayores, el partido liderado por Pablo Casado promete impulsar una ‘Estrategia Nacional contra la soledad’ y otra de ‘Estrategia de protección contra el maltrato a las Personas Mayores’, tanto en el seno familiar como en residencias y centros de día. También propone un censo autonómico de personas con Alzheimer para ofrecer a las familias los recursos y servicios disponibles.
Sobre el sistema de Dependencia, el PP se compromete a evaluar la Ley de Dependencia y el sistema de financiación para que sea «sostenible» en todas las comunidades autónomas; un plan de reducción de la lista de espera con el fin de que las resoluciones no excedan los 30 días o la mejora de los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio.