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jueves, 28 marzo 2024
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El Gobierno aumentará la presencia pública en el sistema de acogida de migrantes creando hasta 5.000 nuevas plazas

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El secretario de Estado de Migraciones, Jesús Javier Perea, ha reconocido este jueves que el peso de las ONG en el sistema de acogida español tiene «mucho peso» frente a la labor del Estado que, a su juicio, «es menos presencial de la que debiera». Es por eso, que ha anunciado la creación se nuevas plazas, hasta alcanzar las 5.000, en el sistema público para la acogida de migrantes.

Según ha explicado, la presencia del Estado, en este momento, se sitúa en torno al 3% de estas plazas y el objetivo de su departamento será llegar al 30%. Un impulso que, según ha señalado, se va a hacer con el asesoramiento de la Oficina Europea de Asilo y al cargo de los fondos europeos de Recuperación y Resiliencia.

Además, una «parte importante» de estas nuevas plazas tendrán como destinatarios a colectivos especialmente vulnerables, con actuación «preferente» hacia las víctimas de trata y las mujeres víctimas de la violencia de género.

Así lo ha explicado Perea durante su comparecencia ante la comisión del ramo en el Congreso, en donde ha explicado a los grupos parlamentarios las principales líneas de trabajo de su departamento para lo que queda de legislatura. En su intervención, ha llamado al consenso en esta materia, a la coordinación entre administraciones para un mejor trabajo y a poner en marcha políticas de prevención frente a un problema estructural y no de actuación reactiva.

El secretario de Estado ha explicado que «de los más de 5 millones de residentes extranjeros en España, un 80,4% tienen autorización de residencia de larga duración» y que, si se tienen en cuenta los datos del padrón, las llegadas irregulares al país suponen «un 5% del total». «5 de cada 100 personas que han llegado a España en la última década lo ha hecho de forma irregular», ha apuntado.

REFLEXIÓN SOBRE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO

En cuanto a protección internacional, ha indicado que el número de solicitudes ha crecido de forma exponencial desde 2015 y el Gobierno maneja, en la actualidad, que en 2019 se presentaron 118.000 y en 2020, «año excepcional», según ha apuntado Perea, fueron más de 88.000, de los que un 28% eran menores. A pesar de estas cifras, ha indicado, España es uno de los países con el ratio más bajo en materia de acogida de solicitantes de todos los de su entorno.

Dentro de esta realidad, Perea ha señalado su intención de poner en marcha un nuevo modelo de acogida que supone la adaptación de las plazas disponibles a la presión asistencial; aumentar la capacidad de acogida a través de centros propios, de titularidad estatal; y optimizar los instrumentos de gestión y financiación.

En este sentido, ha señala que se hará una «reflexión» sobre los centros de internamiento, se pondrá en marcha uno en la costa andaluza en el que se tendrá en cuenta, además, las posible llegadas puntuales a las costas de Ceuta y Melilla; y otro en Canarias. «Vamos a tener una actitud preventiva e individualizada dependiendo de cada punto de llegada, teniendo en cuenta que las actuaciones son divergentes dependiendo de la ruta», ha indicado.

Pero también ha hablado de medidas para «propiciar la atracción del talento» o la «reinversión en el país de origen» como mecanismos que propicien procesos migratorios regulares.

CEUTA Y CANARIAS

Son varios los grupos los que han preguntado al responsable de migraciones del Ejecutivo sobre las actuaciones de su departamento en las crisis migratorias de Canarias, el año pasado, y de Ceuta, el pasado mes de mayo.

En el primer caso, Perea ha reconocido que la situación no fue fácil por la coyuntura de pandemia y, en este sentido, ha defendido la labor de su predecesora, Hana Jalloul, que, a su juicio, fue todo lo «ágil y digna» que permitía la situación.

En su intervención ha recordado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se enfrentó a la activación de una ruta migratoria que estaba latente desde hace 10 años y, a su juicio, lo que debería haber sido noticia es que Canarias en esos meses no se convirtiera en un vector de contagio masivo del Covid-19.

Y en relación a la actuación en la ciudad autónoma, ha apuntado que no ha sido consecuencia de una «crisis migratoria como tal» y que el Ejecutivo ha tratado ante este suceso «ofrecer el máximo apoyo» a las administraciones locales, en «habilitar espacios» en el CETI para duplicar plazas y poder cumplir con las cuarentenas de quien así lo necesitara y la acogida de los más vulnerables.

CRÍTICAS DE PP Y VOX

Cuestionado por la diputada de Junts, Mariona Illamola, por la presencia del Ejército en la frontera y compatibilidad con la «defensa de derechos humanos», el secretario de Estado ha indicado que las fuerzas y cuerpos del Estado ofrecieron en esos días una imagen de «un país que, literalmente, se tira al agua para salvar vidas» y ha mostrados su satisfacción por ello.

Los grupos también se ha interesado por la situación del reglamento del pacto europeo de asilo. Al respecto, Perea ha indicado que España mantiene la idea de «profundizar en las vías legales y seguras» de migración, porque, ha indicado, el objetivo es que más allá del «necesario control de frontera, se pueden «abrir ventanas de esperanza en los países de origen», propiciando, así, «el fin de mafias».

Las dos formaciones más críticas han sido PP y Vox. El portavoz ‘popular’ en esta materia, José Ortiz, ha culpado «al sanchismo y a Podemos» de la «desastrosa» política que «provocó el efecto llamada del Aquarius»; de la «no buena política de exteriores» con terceros países; se que las mafias ganen «más dinero que nunca negociando con personas», del «caos» de Canarias y Ceuta y otras zonas de España, entre otras situaciones.

La representante de Vox, Rocío de Meer, por su parte, ha acusado al Gobierno de ser cómplice de las muertes en el Meditarráneo, de estar favoreciendo la migración ilegal y el trabajo de las mafias y de hablar a los españoles de la necesidad de aspirar a una sociedad multicultural. A su juicio, en las políticas migratorias del Gobierno «falta mucha altura de miras para poder salvaguardar, entre otras cosas, la seguridad de las calles».

Al portavoz del PP, Perea le ha respondido lamentando que su discurso se acerque cada vez más al de la «ultraderecha» en esta materia, mientras que a la diputada de Vox le ha asegurado que el «efecto llamada» o «salida», en este caso es «la pobreza» y que, deben entender que, en esta materia, «hay una economía que trasciende a los eslóganes baratos».

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