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sábado, 22 enero 2022

Brecha digital y falta de servicios de atención, barreras para migrantes víctimas violencia machista, según UNAF

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La brecha digital y la falta de servicios de atención adaptados a sus circunstancias son los principales obstáculos a los que se han enfrentdo las mujeres migrantes víctimas de la violencia machista duranta la pandemia, según un informe elaborado por Alianza por la Solidaridad-ActionAid y la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), en colaboración con un equipo de la Universidad de Salamanca.

El informe, que lleva por lema ‘La violencia de género contra las mujeres en contextos de emergencia: la respuesta a la crisis del COVID-19 en España’, revela las carencias a las que se enfrentan las mujeres migrantes en España a la hora de recurrir a los servicios de atención existentes en casos de violencia de género.

Así, sobre los obstáculos a los que se han tenido que enfrentar las migrantes durante los confinamientos del pasado año, se enumeran cuestiones como la falta de acceso a la información, el miedo a denunciar, la brecha digital y la falta de abordajes multiculturales «que potencian un tratamiento paternalista, cuando no racista», según el informe.

En este punto, la investigadora de UNAF Evangelina Martich, que ha presentado el documento, ha denunciado que «hay un cierto temor entre las mujeres migrantes a la hora de acudir a las instituciones a pedir ayuda». Precisamente, el informe constata que este colectivo «no es un grupo homogéneo», ya que tiene diferentes raíces, cultura o forma de llegar a España.

Por ejemplo, destacan la dificultad de acceder a estos servicios por parte de las mujeres que viajan en patera, que están «muy invisibilizadas»; los obstáculos que deben sortear las ciudadanas procedentes de China debido al idioma o la situación de mujeres que sufren trata y prostitución, cuyo número aumentó durante la pandemia debido a la falta de trabajo.

Respecto a los factores causantes del mayor grado de violencia de género en los meses de confinamiento dentro de los hogares de las mujeres migrantes, Martich ha hecho alusión a aspectos como «el aislamiento, la pérdida de empleo e inestabilidad económica, así como el aumento de la carga de trabajo en el hogar».

A ello se suma que, pese a que se mantuvieron activos los servicios públicos de atención, la brecha digital les impedía mantener redes de apoyo exterior o buscar ayuda en los servicios sociales en caso de necesitarlo. Tampoco podían acceder a trámites como el acceso a servicios de empleo, matriculación de menores en colegios, etc. La situación se agrava en el caso de las migrantes irregulares y es extrema para las recién llegadas por su desconocimiento del idioma, según los autores del informe.

El documento incluye tanto un trabajo cuantitativo como cualitativo, este último basado en seis grupos focales en diferentes provincias (Madrid, Sevilla y Valencia), cuyas participantes eran mujeres provenientes de países de América Latina, Bangladesh, China, Marruecos y otros países de África, todas residentes en España. También se realizaron 11 entrevistas a profesionales del ámbito de la atención en violencia de género.

Las participantes en el estudio señalan que el maltrato durante estos meses fue, fundamentalmente, psicológico, dado que los agresores tenían el control total sobre sus mujeres en el domicilio y precisan que, una vez que comenzó la desescalada, aumentaron los feminicidios al cambiar los factores de riesgo.

En general, la mayoría encontraron dificultades para acceder a información sobre recursos de atención y aseguran que prefieren acudir a organizaciones sociales, a ser posible de extranjeras y de su propia cultura, antes que ir a instituciones públicas, que les generan desconfianza. También relataron que, en ciudades pequeñas o en el área rural, «hay temor a pedir ayuda por la proximidad entre los vecinos y el maltratador». El estudio alerta de que la barrera del idioma y la falta de un enfoque intercultural son «trabas importantes» que debieran paliarse con más personal formado como mediadoras interculturales.

Por su parte, las profesionales consultadas señalan que el mayor aumento de demanda de servicios tuvo lugar durante la desescalada, cuando se sintieron como «bomberos apagando fuegos» dado el alto nivel de atenciones que realizaron. Respecto a los centros de acogida, el informe señala el reto que les supuso atender a las víctimas de violencia en un contexto de COVID-19.

El informe concluye con una serie de recomendaciones que giran en torno a la importancia de sensibilizar, divulgar información, apoyar el trabajo de ONG y asociaciones, y fortalecer redes.

MEDIDAS PARA FORTALECER EL SISTEMA

Esta investigación ha tenido como objetivo analizar cómo han funcionado los recursos existentes y las estrategias disponibles en el caso de una emergencia, como la que supusieron los meses de confinamiento estricto (entre marzo-junio de 2020) en España debido a la pandemia global.

Durante este periodo, relata el informe, aumentó la exposición a situaciones de tensión, violencia y abuso en el ámbito del hogar, al tener que convivir encerradas con sus maltratadores durante un largo periodo de tiempo las mujeres y niñas. En este punto, recuerda que en las primeras dos semanas de confinamiento, las llamadas al 016 aumentaron 12,43% y las consultas online un 269,57% con relación al mismo período del año anterior, siendo las mujeres migrantes las que están más representadas en ambos casos, en proporción al porcentaje de la población que suponen.

«Esperamos que este trabajo de investigación-acción contribuya a visibilizar el impacto de las medidas del primer estado de alarma en la prevención, protección y atención en materia de violencia de género. Pero además, y fundamentalmente, esperamos trasladar los resultados a acciones que fortalezcan y amplíen la capacidad de respuesta ante una necesidad crucial y urgente como es la violencia de género», ha afirmado en la rueda de prensa la presidenta UNAF, Ascensión Iglesias.

«Con este informe queremos sacar conclusiones que nos ayuden a hacerlo mejor, poner en marcha políticas que permitan a todas las personas acceder a derechos sin distinción. El impacto de la violencia y la posibilidad de dar una respuesta adecuada, cambia en función del status social. El impacto es mayor si eres mujer y migrante», ha indicado por su parte la directora de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Cristina Muñoz.

Tras la presentación del informe ha tenido lugar una mesa redonda con diversas expertas como Zareli Gamarra, de la asociación Mujeres de la otra orilla, que ha lamentado que, durante el confinamiento, «no había medidas específicas» contra la violencia de género. «Todo aquello a lo que no llegaron las instituciones en el confinamiento lo hicieron las asociaciones de mujeres. En una situación de crisis, las mujeres, las organizaciones, están intentando responder pero, ¿qué pasa con los servicios del estado?. Va varios pasos por detrás. No está escuchando a las mujeres», ha asegurado.

Otra de las participantes ha sido Yue Fu, mediadora intercultural en UNAF, quien ha lamentado que «había una seria dificultad de acceso a los recursos». «La barrera del idioma, la falta de acceso a recursos está ahí todos los días pero con el confinamiento se agravó aún más», ha explicado, poniendo de ejemplo que «para que las mujeres víctimas de violencia de género recibieran apoyo debían tener cuenta bancaria y muchas mujeres migrantes no la tenían».

En la misma línea se ha expresado Rebeca Martínez, psicóloga de la Asociación Consuelo Berges, para quien «durante el confinamiento el acceso a los recursos fue imposible, precisamente en un contexto de aumento de la violencia sobre todo psicológica». Martínez ha puesto en valor que «las propias mujeres hicieron de sostén unas a otras a través de los grupos de WhatsApp» y ha aseverado: «Si los y las profesionales no estamos formados en perspectiva de género y en violencia de género cometemos violencia institucional».

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