El texto vuelve al Congreso tras ser modificado para eliminar el fondo destinado a ayuntamientos para gestionar la prestación.
PSOE, PNV, Junts, Más Madrid y Ciudadanos han dado su apoyo en el pleno del Senado a la Ley por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV), lo que garantiza la luz verde de la Cámara Alta, que prevé somerterla a votación a lo largo de esta tarde. Durante el debate, la mayoría de la oposición ha afeado al Gobierno su falta de diálogo en la tramitación, durante la que no se ha aceptado ninguna enmienda de las formaciones presentes en la Cámara alta.
Desde el PSOE, el presidente de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Antonio Ferrer, ha puesto en valor esta iniciativa creadora, según ha apuntado, de «una nueva red de protección» que «configura un derecho» y busca «proteger a las personas». Su compañera de partido, la senadora María Ascensión Godoy, ha defendido que con esta norma se llega a más familias que con la prestación de hijo a cargo, se han mejorado el acceso a la ayuda con reducciones de plazos, haciéndolo compatible con otras prestaciones o teniendo en cuenta la renta del año en curso de sus beneficiarios, entre otras medidas.
En total, ha señalado Godoy «casi el 54% del texto» actual es «nuevo» del decreto presentado por el Gobierno en junio «gracias al trabajo y a las enmiendas transaccionales» de los grupos parlamentarios. Y, sobre las críticas a la falta de apoyo a las iniciativas de los partidos, la senadora ha explicado de las 158 presentadas «solo 47 eran diferentes» a lo ya modificado y, estas, según ha explicado, entienden que «ya están incluidas» a través de otros cambios.
Estas explicaciones no han convencido al principal partido de la oposición que, a través de su portavoz en este debate María Mercedes Fernández, ha denunciado la «tramitación exprés» del texto en el Senado, tras «un año y medio» de «prórrogas» en el Congreso, sin que, según ha criticado, se hayan cumplido los que, a su juicio, eran los objetivos de la norma: simplificar el sistema de las rentas mínimas, asegurar el complemento con políticas activas de empleo, y elaborar un plan presupuestario para compensar el gasto estructural para la implementación de las ayudas.
«NO HA LLAMADO AL PP»
En este sentido, ha criticado que el único fin del PSOE en esta tramitación haya sido «revertir» una de las medidas que se incluyó e el Congreso — en la disposición final sexta– de creación de un fondo específico para sufragar los gastos de gestión que el IMV supone para los ayuntamientos que e transferirá periódicamente a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Por este motivo, ha insistido la senadora ‘popular’, el texto deberá volver al Congreso tras su paso por la Cámara alta.
Para Fernández, este es un ejemplo de que el objetivo de los socialistas con esta ley «no son» las personas que necesitan el IMV y ha alegado, en este sentido, que el partido mayoritario en el Gobierno «no haya llamado al PP» para «conciliar» unas enmiendas que, según ha defendido la senadora, tenían vocación de «mejorar».
También los representantes de Compromís y Más Madrid, Carles Mulet y Pablo Gómez, respectivamente, han criticado la falta de diálogo del PSOE en esta tramitación. El senador valenciano ha explicado que no «comparte» con el Gobierno los «requisitos exagerados» para acceder a la prestación, ni «los baremos» exigidos, ni la «dificultad» para solicitarlo. En este sentido, ha reprochado al Ejecutivo que no se hayan aceptado las enmiendas presentadas por la formación que pretendían cambiar esta situación.
Gómez, por su parte, ha lamentado la «negativa un poquito fea» con la que se ha encontrado Más Madrid, por parte del PSOE, para negociar sus propuestas de modificación del texto. El senador señala que la falta de acuerdo no ha llegado después de que la formación haya expuesto sus medidas, sino que el PSOE «ni siquiera» se ha «sentado» con Más Madrid, una actitud que ha calificado de «poco respetuosa».
DEFENSA DE LOS JÓVENES
En un último intento, la formación madrileña ha retirado sus enmiendas antes de la votación a excepción de aquellas que llaman a no excluir como beneficiarios del IMV a los jóvenes de entre 18 y 23 años, una reclamación del Consejo de la Juventud de España, que también han recogido otras formaciones.
Una de ellas ha sido EH Bildu, cuya portavoz Idurre Bideguren, ha recordado en su intervención que, en la actualidad, son los jóvenes los que está en mayor riesgo de pobreza y exclusión.
También ha reclamado esta medida Ciudadanos. A pesar de su voto a favor, el portavoz naranja, José Luis Muñoz, se ha mostrado «perplejo» de que el Gobierno «discrimine» este colectivo que, según ha indicado, es uno de los más necesitados a la hora de salir de la «extrema pobreza». El senador ha criticado, además, el «rodillo» del PSOE para aprobar este texto sin modificaciones.
El representante de Geroa Bai, Koldo Martínez, por su parte, ha lamentado la no recuperación de la pensión por hijo a cargo, una medida que, a su juicio, dejará a España «a la cola» de Europa en materia de ayudas a la crianza. Esto, ha advertido el senador, lo «pagará» el país «a medio y largo plazo».
Por otra parte, el representante de Junts José María Cervera ha criticado la invasión de competencias que esta norma supone en relación a Cataluña y ha recordado que es labor de la Generalitat gestionar en materia de servicios sociales y seguridad social.
De forma similar se ha expresado la portavoz de PNV en esta materia, Nerea Ahedo, ha rechazado la inclusión en la ley de «fórmulas de gestión descentralizada» y ha defendido que, especialmente en política social se ha de buscar la «eficiencia» a través de la «gestión en la cercanía».
Finalmente, el senador de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, ha llamado a llevar un mayor control por parte de las administraciones de la gestión de esta prestación para luchar contra el «fraude que pueda haber»; mientras que el portavoz de Vox en esta materia, José Manuel Gascón, ha criticado la norma por su carácter indefinido y porque, para Vox, según ha indicado, la concepción de las ayudas publicas deben ser «subsidiarias» y que «no desincentiven el acceso al sector laboral. Aún así, ha mostrado su preocupación «por lo social», lo que ha llevado al partido, según ha indicado Gascón, a abstenerse en la votación.