Socios parlamentarios del Gobierno como Esquerra Republicana (ERC), EH-Bildu, Más País-Equo o Compromís han avanzado su respaldo a una posible rebaja de la fiscalidad aplicada a los hidrocarburos, pero han reclamado al Gobierno más medidas en el sector eléctrico, entre ellas acabar con sus beneficios extraordinarios y una subida de impuestos a las grandes compañías eléctricas.
También han respaldado la posible rebaja impositiva sobre los hidrocarburos grupos como Ciudadanos, Junts o el PDeCAT, mientras que la CUP ha puesto en duda su eficacia.
«No es lo ideal pero es complicado negarse a una iniciativa como esta, te guste más o menos», ha concedido en rueda de prensa el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, apostillando que, en todo caso, las medidas de carácter fiscal deben ser progresivas para que quien más tenga aporte más, algo «de primero de izquierdas», ha dicho.
PONER COTO A LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS
También ha planteado desligar los precios del gas en el mercado de la electricidad, con compensaciones en ayudas directas a los hogares, topar los beneficios de las compañías eléctricas y aprovechar esta situación para renegociar condiciones específicas en las explotaciones de generación hidroeléctrica.
Su homóloga de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, ha señalado que la propia OCDE ha defendido subir los impuestos a las grandes eléctricas para combatir la escalada de precios, y que la Comisión Europea es favorable de desligar el gas de la fijación de precios de la electricidad.
EL RIESGO DE UNA CASCADA DE CIERRES EN LA INDUSTRIA
Aizpurua ha insistido que la Agencia Internacional de la Energía ha estimado el exceso de beneficios de las eléctricas en unos 200.000 millones de euros. «Esto es un escándalo, es una vergüenza mayúscula cuando hay gente que está reduciendo su consumo porque no le da para pagarlo», ha dicho, instando al Gobierno a «tomar cartas en el asunto».
También ha pedido medidas ante el riesgo de que la crisis energética suponga una cascada de cierres en plantas industriales, tras registrarse los primeros paros, una cuestión en la que también ha incidido el diputado de Compromís, Joan Baldoví, en este caso preocupado por la industria de la cerámica y el azulejo en la costa levantina.
MÁS PAÍS Y COMPROMÍS PLANTEAN UNA NUEVA TARIFA REGULADA
Por su parte, Más País-Equo y Compromís han planteado cambios en la tarifa regulada que pagan los hogares, proponiendo los primeros «una tarifa social» para los consumos de gas y electricidad, con tres tramos según el consumo para garantizar «precios sociales» en consumos más reducidos, mientras que los segundos han planteado un suministro de «energía mínima vital», semejante al IMV.
Íñigo Errejón, de Más País, ha pedido al Gobierno «pisar el acelerador» y aprovechar el debate europeo para reformar las reglas del mercado energético y reducir los beneficios extraordinarios de las generadoras, pero también esta reforma de la tarifa, pues considera que «el bono social es un desastre» y «esto se puede aplicar ya».