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sábado, 25 junio 2022

El PP emplaza al Gobierno a cancelar la deuda con la Seguridad Social y liquidar gastos impropios que asumió

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El PP ha emplazado al Gobierno a cancelar la deuda de la Administración General del Estado con la Seguridad Social y a liquidar con ella la factura de gastos impropios asumidos por el sistema, una vez se cuantifique.

Así, los ‘populares’ han hecho suyas una de las principales recomendaciones dirigidas por el Tribunal de Cuentas en su última fiscalización sobre la evolución económico-financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social, y su situación a 31 de diciembre de 2018.

Este informe fue presentado en el Congreso por la presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano, el pasado 22 de marzo, y ahora los grupos han registrado una serie de propuestas de resolución para su votación ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Entre sus propuestas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el PP respalda al órgano fiscalizador y reclama regular una norma donde los déficits se cubran con financiación estatal –una medida contenida en la última reforma de pensiones, aprobada con el voto en contra de los ‘populares’–.

Asimismo, apuestan por que en esta ley se efectúe la liquidación efectiva de los gastos no contributivos asumidos por la Seguridad Social, una vez se cuantiquen estos gastos asumidos de forma indebida pues, sostiene el PP, la cifra indicada en el informe es estimada.

En su presentación del informe, Chicano cifró en 103.690 millones de euros los gastos asumidos entre 1989 y 2018 por la Seguridad Social en partidas no contributivas y que, por tanto, debían haber sido financiadas por la Administración General del Estado.

Esta factura es una de las tareas pendientes del Gobierno tras la última reforma de pensiones, que en una de sus disposiciones mandataba al Gobierno el encargo de una auditoría para cuantificar estos gastos, considerados impropios por su carácter asistencial y no contributivo, asumidos desde 1967.

Tras superar el plazo previsto en esta disposición, Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu, entre otros, han emplazado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a encargar al Tribunal de Cuentas esta auditoría.

CANCELACIÓN DE LA DEUDA PARA SANEAR EL BALANCE

En el marco de esa liquidación, el PP también llama a incluir la cancelación de la deuda con el Estado de los diez préstamos por importe de 37.819 millones de euros que figuran en el balance del sistema, a 31 de diciembre de 2018, fecha de la fiscalización, y el abono de las obligaciones contraídas entre 1992 y 1999, por 9.082 millones, derivadas del traspaso de las funciones y servicios en materia de asistencia sanitaria y servicios sociales a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra.

Asimismo, aboga por que el Estado asuma la amortización de los tres préstamos concedidos a la Seguridad Social para cancelar obligaciones pendientes de pago, a 31 de duiciuembre de 1991, del extinto Instituto Nacional de la Salud, derivadas específicamente del coste de la asistencia sanitaria como consecuencia de su universalización, por 3.372 millones, bien mediante su condonación o la concesión de transferencias a la Seguridad Social para que con dichos fondos efectúe su amortización y sanee definitivamente su balance.

«HUIR DE SOLUCIONES TRANSITORIAS»

Otras de las propuestas emitidas por el Tribunal que el PP someterá a votación en la Comisión parlamentaria está la adopción de «medidas de carácter estructural» para asegurar la sostenibilidad financiera y el equilibrio presupuestario del sistema y «huir de soluciones transitorias que no han impedido que el patrimonio neto siga siendo negativo cada vez en mayor medida».

Asimismo, plantea la adopción de medidas para que el patrimonio neto de la Tesorería General de la Seguridad Social incluya la constitución del Fondo de Reserva –la conocida como ‘hucha de las pensiones’– como una reserva patrimonial, e integrar cada año el análisis de la Seguridad Social en la Cuenta General del Estado, en cumplimiento de la normativa reguladora de la cuenta.

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