El Defensor presenta en el Senado los informes de la Institución de 2020 y 2021 marcados por la pandemia.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha propuesto a las administraciones la armonización de las rentas mínimas que gestionan las comunidades autónomas con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) puesto en marcha a nivel estatal a finales de 2020, con el objetivo de dar la mejor cobertura posible a las familias más vulnerables del país.
Así lo ha destacado durante su intervención en el Pleno del Senado en donde ha presentado los informes de la Institución relativos a 2020 y 2021. Se trata de dos años que, como ha detallado el Defensor, han estado marcados por la crisis sanitaria de la Covid-19 y, por tanto, esta situación se ha reflejado en las reclamaciones recibidas.
En un resumen, Gabilondo ha indicado que la mayoría de quejas recibidas en este periodo están relacionadas con el funcionamiento de los servicios públicos, principalmente los del sector sanitario o de atención en aquellas administraciones relacionadas con la gestión de las ayudas y prestaciones que se pusieron en marcha por la pandemia.
En este sentido, se ha referido a las referentes a la «complejidad» del sistema para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, según ha indicado, se ha visto «agravada» por el «déficit» de recursos humanos de la Seguridad Social para la «tramitación y resolución» de esta prestación.
Esta situación, según ha lamentado el responsable de la Institución, ha llevado a familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad a estar sin percibir estos recursos «durante meses».
LAS QUEJAS DE ACCESO AL IMV SE INCREMENTAN
El Defensor considera «preciso armonizar» las ayudas de «rentas mínimas» que ya existen en las CCAA, con el IMV para «cumplir una labor de complemento» y «mejora», de cara a lograr una mayor cobertura de «los hogares más vulnerables» y que estos no queden «desprotegidos».
Y, en este sentido, ha lamentado que no se haya dado solución al «acceso presencial» de esta prestación, tal y como ha recomendado la Institución. De hecho, Gabilondo ha explicado en su intervención que las quejas de este tipo, en lugar de «remitir», se están «incrementando». Para Gabilondo, aun que el acceso telemático tiene sus ventajas, no es un proceso fácil, especialmente, para personas de «edad avanzada» o «con menos medios o conocimientos de las nuevas tecnologías».
Incrementos de plantilla y mejora de sus condiciones laborales, inversión en medios informáticos y técnicos o el refuerzo en la atención a personas de forma presencial, son las principales recomendaciones que se han realizado de forma generalizada desde el Defensor ante la situación sobrevenida por la pandemia de la Covid-19.
En este sentido, el Defensor también ha señalado la situación vivida en las residencias de mayores que, según ha recordado, durante «los meses centrales» de la Covid-10, periodo en el que, a su juicio, se «evidenció las condiciones de vulnerabilidad» de estos centros principalmente en cuanto a la «insuficiencia de medios», en la «carencia de asistencia sanitaria», en la «falta de información» a residentes, familiares y trabajadores y en cuanto a la «derivación hospitalaria».
RECOMENDACIONES EN RESIDENCIAS DE MAYORES
En este sentido, Gabilondo ha explicado que se actuó de oficio desde la Institución y se pidió a las consejerías competentes un «incremento» de recursos humanos y técnicos, un «aumento de suministros» de protección, las garantías del «acompañamiento familiar», una «estructura medicalizada», «protocolos de derivación a centros hospitalarios» o la «atención a residentes en espacios separados», entre otras. La aceptación de estas recomendaciones, ha señalado Gabilondo en su intervención, ha «variado» según la autonomía.
Tras el periodo más dramático de la pandemia, la atención en el sector sanitario, según ha explicado Gabilondo, ha seguido siendo la protagonista de las quejas durante 2021, especialmente en lo que se refiere «a la atención hospitalaria» y a la «atención primaria».
La escasez de recursos humanos ha sido motivo de queja, también en 2020 y 2021, en el caso de la educación. El Defensor ha destacado al respecto que en 2020 se puso el foco en la «brecha digital y educacional» que supuso la educación ‘confinada’, mientras que en 2021 las principales preocupaciones han llegado en relación a la seguridad de los centros frente a los contagios y la necesidad de más personal para una mejor atención de los alumnos.
Las dificultades para acceder a ayudas y becas, la singularidad de los alumnos con necesidades especiales ante el Covid-19, la falta de plazas en FP o las dificultades para la homologación de títulos universitarios extranjeros son otras de los motivos de queja en este sector sobre los que el Defensor, según ha señalado Gabilondo, ha realizado recomendaciones a las administraciones competentes.
MIGRACIÓN
Otro de los temas que ha destacado en su intervención el Defensor es el de lo migrantes que llegan a España de forma irregular y, especialmente, la situación de Canarias. Según ha indicado, han visitado las islas ambos años ante las quejas por hacinamiento en los centros de atención y acogida o la preocupación en relación a los menores no acompañados o los niños tutelados que cumplen la mayoría de edad.
En este sentido, el responsable de la Defensoría del Pueblo ha explicado que aún mantienen actuaciones abiertas en relación a la situación del archipiélago canario, así como sobre la situación de los menores llegado al país en mayo de 2021 a través de la frontera de Ceuta y que en agosto del año pasado iban a ser devueltos a Marruecos desde España.
La Institución ha dirigido cuatro recomendaciones al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 relacionadas con la atención a los menores migrantes que, tal y como ha indicado Gabilondo, han sido «aceptadas» e incluídas en la Estrategia Integral de Atención a estos niños, así como en el nuevo reglamento de Extranjería, en cuanto a medidas relacionadas con facilitar el tránsito a la vida adulta de los menores migrantes tutelados.
Del mismo modo, y tras referirse a otros temas como la violencia contra las mujeres, la violencoa LGTBIfóbica o llamar a la reforma de la conocida como Ley Mordaza, el Defensor se ha referido a la situación de la Cañada Real Galiana (Madrid) que, tal y como ha señalado en su intervención, llevan desde octubre de 2020 sin suministros básicos de electricidad y agua.
A su juicio, debe ser «prioritario para la administración pública programar medidas específicas» para estas personas, como «fórmulas de realojo», de forma que se les dote «provisionalmente» de aquellos servicios necesarios para «cubrir sus necesidades» como «luz y agua». En estos poblados, según ha recordado, viven personas «mayores, enfermos crónicos y niños» y ha lamentado que tras año y medio «siga sin resolverse».