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El juez rechaza el intento de Villar Mir de invalidar al investigador de la UCO que denunció el caso Lezo

Recuerda que Anticorrupción corroboró todas las pruebas presentadas contra la supuesta «estructura ilícita» liderada por Ignacio González.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado la petición del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir de llamar a declarar como testigo a un teniente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que denunció ante la Fiscalía Anticorrupción en 2015 la trama liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que dio origen a la investigación del caso Lezo.

Según consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que interrogar a este investigador sobre las pruebas presentadas ante el Ministerio Público contra el expresidente madrileño, y por las que después se abrió una pieza separada para dilucidar si la constructora pagó una comisión millonaria a González por la adjudicación del tren de Navalcarnero, es improcedente.

El juez García Castellón justifica su rechazo en que «no es la información de un informante policial» la que motivó la apertura de una causa judicial contra el expresidente madrileño «y menos respecto a los hechos del tren de Navalcarnero», en la que se encuentra investigado también Villar Mir; sino que fue la labor del Ministerio Público, que estuvo varios años corroborando los «múltiples indicios» que fueron expuestos por la UCO sobre los presuntos delitos cometidos por González.

Así, el magistrado recuerda que el caso se lleva investigando desde octubre de 2015 a raíz de una denuncia que interpuso el Grupo de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil en la Fiscalía Anticorrupción, a la que se le sumó otra denuncia contra Ignacio González por la presunta «utilización de ciertos entes públicos» como la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) y el Canal Isabel II «para recaudar capitales dirigidos a la financiación del Partido Popular por vías ilícitas».

«ELEMENTOS PROBATORIOS SUFICIENTES»

Es más, apunta que el auto inicial de la causa que dictó hace tres años, cuando se admitió la querella de Anticorrupción, ya destacaba que las diligencias realizadas por los fiscales tras estudiar las denuncias han dado «elementos probatorios suficientes que configuran la existencia de indicios racionales y objetivos de criminalidad», algo que ahora vuelve a recalcar. Las primeras detenciones por el caso Lezo tuvieron lugar en abril de 2017, entre ellas la de Ignacio González.

El juez García Castellón aprovecha este último auto, con fecha del pasado 26 de julio, para hacer un repaso de por qué se está instruyendo esta causa y hace hincapié en que González lideró una red por la que se llevó a cabo un «incremento artificial e injustificado» de amaño de contratos públicos con los que se pudo dar un desvío de fondos públicos «ilícitamente obtenidos a manos privadas de los sujetos que intervinieron en la trama».

Por todo ello comenzó a seguirse una causa contra el expresidente regional, afirma el instructor, por el «uso abusivo y fraudulento» que presuntamente hizo de algunos cargos públicos que ostentó, «en beneficio propio, de sus familiares directos y de ciertas personas que asumieron un papel esencial y necesario para la consecución de la trama delictiva». Añade que también hay indicios de que «a través de esta estructura ilícita que permaneció en el tiempo se favoreció económicamente al Partido Popular».