El Gobierno está estudiando cómo prohibir que los etarras excarcelados puedan ser candidatos en las próximas elecciones, por entender que en este momento los ciudadanos reclaman «un principio claro de regeneración democrática» y de «ejemplaridad» en el ejercicio de la función pública, según ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Por el momento, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha puesto este asunto en manos de juristas y la Abogacía del Estado con el fin de analizar qué posibilidades legales hay para impedir a través de una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que presos de ETA excarcelados tras la anulación de la ‘doctrina Parot’ puedan ser alcaldes, han señalado fuentes del Ejecutivo.
Este asunto ya salió a relucir el pasado miércoles en el Comité Ejecutivo Nacional del PP a instancias de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, que dijo que no se podía volver a consentir una reunión de «asesinos» como la celebrada el pasado sábado en Durango (Vizcaya) y añadió que si no se podía haber impedido ese acto con las leyes vigentes, habría que «cambiar las leyes» para que no volviera a suceder.
Fuentes del PP explicaron a Europa Press que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondió entonces a Aguirre que a él tampoco le gustó ese acto de Durango pero que peor que esa foto sería ver que esos expresos de ETA se presentan como alcaldes. Para evitar esa posibilidad, señaló que tenían que estudiar qué posibilidades legales hay para impedirlo.
ACCESO AL CARGO PUBLICO EN DETERMINADAS CONDICIONES
Sáenz de Santamaría ha subrayado que en este momento la ciudadanía reclama «un principio claro de regeneración democrática», de forma que el acceso a determinadas funciones de carácter público «se haga en determinadas condiciones y por personas que puedan estar en ese ámbito de ejemplaridad».
«Entendemos que en un momento como el presente, el ejercicio de funciones públicas políticas y altos cargos exigen unos niveles de ejemplaridad que deben traducirse en una regulación legal», ha declarado la ‘numero dos’ del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por esta cuestión.
Además, ha destacado que el Gobierno ya ha dado pasos en esta dirección de regeneración democrática. Así, ha recordado el pasado mes de diciembre se aprobó el anteproyecto que regula el ejercicio de la función de alto cargo en la Administración General del Estado. «Ahí se establecieron una serie de obligaciones de los altos cargos, en este caso de la Administración General del Estado, donde tenemos esa capacidad de autoorganización», ha apostillado.
En ese anteproyecto que se aprobó en diciembre, ha proseguido, se establece que para ser nombrado alto cargo de la Administración General del Estado no se podía haber sido condenado por determinados delitos, entre ellos el de terrorismo, «mientras no estuvieran cancelados los antecedentes penales». «Estamos hablando, por tanto, de una exigencia para aquellos que van a realizar funciones de carácter publico, de gestión pública o de representación», ha enfatizado.