La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado investigar si hubo falso testimonio por parte de responsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en la Comisión que se creó en las Cortes tras el accidente de metro ocurrido en Valencia en 2006, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas.
Así consta en un auto, con fecha 17 de enero, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en el que la Audiencia desestima los recursos de apelación interpuestos por el ministerio fiscal, la Asociación de Víctimas del Metro y otros personados en la causa reabierta por la investigación sobre el accidente.
En concreto, lo que ha acordado la Audiencia es no unir esta investigación de la comisión en el proceso reabierto hace escasos días por este mismo órgano judicial para investigar si hubo algún tipo de responsabilidad en el accidente de metro.
El tribunal ha indicado que está «de acuerdo» en este aspecto con la jueza instructora sobre la no procedencia de la unión de estas diligencias puesto que las mismas «carecen de razón» y «motivo de conexidad» y, por lo tanto, de unión a la causa principal en la que «estaríamos ante un presunto o presuntos delitos de homicidios y lesiones por imprudencia».
En este sentido, ha puntualizado que el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece «con absoluta claridad» cuando los delitos deben considerarse conexos, como los cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas; los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos; como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución; para procurar la impunidad de otros delitos; o diversos delitos que se imputen a una persona al incoarse contra la misma causa por cualquier de ellos, si tuvieran analogía o relación entre sí.
Al respecto, la Audiencia entiende que «ninguno de estos requisitos se da entre las diligencias previas» que dieron lugar al auto de reapertura de la investigación del accidente. Ello no quita –agrega– que el ministerio fiscal pueda, «si así lo tiene a bien», presentar la oportuna querella contra las personas presuntamente responsables de los delitos investigados y presuntamente cometidos en el seno de la comisión parlamentaria autonómica de investigación.