Los distintos partidos de la oposición quieren comprobar este sábado, con la declaración de la infanta Cristina ante el juez que investiga el ‘caso Urdangarín’, si realmente la Justicia es igual para todos, como garantizó el Rey en su discurso de Navidad de diciembre de 2011.
En aquel mensaje navideño, cuando se investigaba a su yerno Iñaki Urdangarín por las actividades del Instituto Nóos, Don Juan Carlos aseguró que las personas con responsabilidades públicas tienen «el deber de observar un comportamiento adecuado, ejemplar», y que «cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione».
El jefe del Estado proclamó entonces que España es un Estado de Derecho donde «la Justicia es igual para todos» y que «cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley». Esa máxima es la que la oposición quiere calibrar este sábado, cuando sea la hija menor del Rey la que acudirá al juzgado de Palma de Mallorca para declarar como imputada en el ‘caso Urdangarín’.
Desde el Gobierno, su presidente Mariano Rajoy ya mostró su convicción de que a la infanta «le irá bien» porque dice estar seguro de su «inocencia». El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por su parte, se ha centrado en pedir que la hija del Rey no tenga que sufrir en el juzgado «penas paralelas» ni «situaciones de carácter previo» que puedan considerarse «perjudiciales» para ella.
AHORRAR EL ‘PASEÍLLO’
De ahí que se pidiera ahorrar «el paseíllo» a la infanta permitiendo su acceso a los juzgados en coche. Ese mismo dispositivo se planteó para Iñaki Urdangarín, que en el último momento decidió bajar andando la rampa que conduce a la sede judicial.
Para demostrar que la Justicia es igual para todos, algunos partidos como el BNG han aconsejado a Doña Cristina que al menos haga como su marido y que acceda a pie a los juzgados. Su portavoz en el Congreso, Olaia Fernández Davila, cree que la hija del Rey debería renunciar al «privilegio» de ir en coche como muestra de «respeto a los ciudadanos».
Y siguiendo con las comparaciones, Fernández Davila se ha preguntado si, a partir de ahora, las medidas excepcionales que se van a aplicar a la infanta se extenderán a otros personajes conocidos que tengan que declarar en sede judicial. «¿Lo harán también con los que tienen que acercarse a los Juzgados de Sevilla?», ha comentado, en alusión a los casos de corrupción como el de los ERE fraudulentos en Andalucía que instruye la juez Mercedes Alaya.
LA DECLARACIÓN DEBE SER «NATURAL» Y «NORMAL»
El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Gaspar Llamazares, considera que sería «contraproducente» que la Casa del Rey tratara de impedir una declaración «natural y normal» de la infanta Cristina en los juzgados de Palma de Mallorca.
«Creo que, al igual que al final la infanta ha sido imputada, como cualquier otro ciudadano, su comparecencia ante el juez tiene que ser natural porque cualquier viso de excepcionalidad sería contraproducente para la imagen de la justicia y para la de la propia imputada», manifestó Llamazares a Europa Press.
También el portavoz adjunto de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, espera que, como miembro de la Casa Real, la infanta Cristina dé ejemplo y no se aproveche de su condición para evitar la normalidad en su declaración ante los juzgados de Palma.
Desde la oposición se ha venido criticando también la resistencia a que se tome declaración a la hija del Rey, pues de hecho el primer intento del juez José Castro de citarla fue abortado por la Fiscalía. Al confirmarse la declaración a la segunda tentativa, el ministro Gallardón elogió la «actitud de colaboración» de la infanta al renunciar «de forma voluntaria» a su «legítimo derecho constitucional» a recurrir.
DEMASIADA RESISTENCIA A LA NORMALIDAD
Sin embargo, Llamazares cree que ha habido demasiada «resistencia a la normalidad» y que la estrategia «catastrófica» de intentar impedir su citación en un primer momento ha llevado a que su imputación sea vista como una «acusación».
Igualmente, Gorriarán sostiene que la actuación judicial que afecta a la infanta debería haberse enmarcado en la «normalidad» y, de hecho, cree que si la segunda hija del Rey se hubiera comportado así «desde el principio», «la cosa no se habría deteriorado tanto y no habría tanto peligro de suscitar reacciones desagradables contra la Monarquía».
«¿Cómo se ha perdido el tiempo de forma tan miserable justamente por actuar mal? Las malas actuaciones de la Fiscalía, las interferencias del Gobierno y la propia actitud de la Casa Real lo único que han hecho es empeorarlo todo», ha expuesto.
Según el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, los españoles quieren es que «todas las personas reciban un mismo trato» y que a la hija del Rey se le juzgue como a cualquier otro «sin ningún tipo de privilegio», esto es, contando con un fiscal y no con un «abogado defensor».
El PSOE, por su parte, ha querido mantener cierta distancia en este caso, más allá de subrayar la conveniencia de garantizar que el Estado de Derecho funciona sin distingos. En ese sentido, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, calificó de «buena decisión» que la defensa de la infanta renunciase a recurrir su segunda imputación. «Nos parece bien, nos parece una buena decisión la que ha tomado la defensa de la infanta», dijo la ‘número dos’ del PSOE.
¿Y LUEGO ‘DOCTRINA BOTÍN’?
Además, la oposición también examinará el trato que recibe la infanta tras la declaración y qué argumentos se dan para acusarla o no hacerlo. En este sentido, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ya ha alertado contra otro hipotético distingo, la aplicación de la llamada ‘doctrina Botín’ que libra a un imputado de ser procesado si no lo piden ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado.
Esteban recordó que ese mismo principio no se aplicó en cambio al que fuera presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa. «Se está hablando mucho de la doctrina Botín, pero yo creía que esa doctrina no estaba en vigor porque a la Mesa del Parlamento vasco y al presidente Atutxa, que estaba en las mismas circunstancias para que le fuera aplicada esa doctrina, no le fue aplicada –comentó–. Espero que no haya una discriminación. Vamos a ver si los tribunales de Justicia se aclaran de una vez».