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lunes, 15 julio 2024
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El juez concluye la instrucción con 25 procesados por el saqueo de casi 24 millones de la depuradora

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El magistrado sobresee los delitos contra la Hacienda Pública.

El magistrado del juzgado de instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, ha concluido la instrucción de la pieza principal del ‘caso Emarsa’, en la que se ha investigado un agujero millonario en la gestión de la empresa responsable de la depuradora de Pinedo, que ha cifrado finalmente en 23.766.765,50 euros. El juez deja procesadas a 25 personas, entre ellas, el expresidente de la entidad, exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, y el exgerente, Esteban Cuesta.

Así consta en un auto de procesamiento de fecha 3 de junio, de 1.029 páginas, contra el que cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días o cinco días y en el que el magistrado da diez días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral y, en su caso, señalen su acusación, pidan el sobreseimiento de la causa o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.

La pieza principal del ‘caso Emarsa’ se ha seguido por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad, cohecho y blanqueo. No obstante, el magistrado ha acordado el sobreseimiento provisional respecto a los delitos contra la Hacienda Pública que han sido investigados.

El magistrado entiende que de lo investigado existen indicios contra, además de Crespo y Cuesta, otras 23 personas: José Juan Morenilla, gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas residuales (Epsar) e Ignacio Bernácer, jefe de Explotaciones de la misma entidad; Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa; Adolfo Polo, jefe del área medioambiental; Sebastián García Martínez ‘Chanín’, exinformático de la entidad; Enrique Arnal Llorens, ex director económico-financiero; Santos Peral, jefe de contabilidad y que tenía responsabilidad políticas en el PP de Valencia e Ignacio Martínez Maiques, jefe de compras e igualmente miembro del PP.

Asimismo, procesa a los empresarios José Luis y Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec; María Paz García martínez, hermana de ‘Chanín’; la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil; Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d’Estudis; Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua; Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet; Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa; Leonor Moreno, abogada de la entidad; Luis Antonio Botella, abogado y primer teniente alcalde de Moncada; Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de ‘Chanín’; Daniel Calzada de la mercantil Llar Calzada y a José Ramón Cuesta, hermano del exgerente. Además, se señala a Cristina Segarra, mujer de Cuesta, como responsable civil –partícipe «a título lucrativo» y no como imputada.

JORGE ROCA, SIGUE EN BUSCA Y CAPTURA

En relación con uno de los considerados presuntos cabecillas de la trama, el empresario huido Jorge Ignacio Roca, propietario de cuatro mercantiles que se cree que formaban una estructura organizada de facturación irregular para Emarsa, se mantiene la orden de búsqueda y captura. En este caso, acuerda deducir testimonio de las diligencias instruidas para conservarlas hasta que sea localizado. El magistrado mantiene todas las medidas cautelares adoptadas sobre Crespo, Cuesta; Enrique Arnal; José Luis Sena; ‘Chanín’ y Eva Marsal.

El juez considera probado que existía una red de empresas que durante al menos los años 2004 a 2010 actuó para intentar detraer de forma ilícita fondos públicos asignados a Emarsa para la explotación de la depuradora de Pinedo por importe no inferior a 25.629.024,97 euros, de los que finalmente se lograron desviar 23.766.765,50 euros a través de una trama de compañías que facturaron a la empresa con precios hinchados por el tratamiento de los lodos –que llegaron a pasar de pagarse a 18 euros por tonelada por transporte, gestión y tratamiento a 46,5– y por servicios que no se llegaron a realizar.

A juicio del juez, existen indicios «racionales suficientes» para considerar que entre el 21 de julio de 2004 y el 26 de julio de 2010, el entonces presidente del consejo de administración y consejero delegado de Emarsa, Enrique Crespo, presidente también de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y el gerente Esteban Cuesta, previo concierto con Morenilla y Bernácer y en unión del director financiero, valiéndose de su posición y ante los «cuantiosos fondos públicos» que recibía la empresa para obras de mantenimiento y mejora así como ingresos para la prestación de servicios, «diseñaron y ejecutaron de manera continuada un plan de actuación con la finalidad de obtener todos ellos un beneficio patrimonial ilícito».

En este plan, según el juez, participaron personas de la dirección y otras más, muchas de ellas ajenas a la empresa pública, que adquirieron la condición de proveedores de Emarsa, «sin que mediara expediente de contratación o contrato alguno», en ocasiones. En otros momentos, se simularon expedientes de contratación de los trabajos «en los que se eludía la publicidad y se aparentaba, pero se evitaba, toda real concurrencia».

DINERO, REGALOS O SERVICIOS PARTICULARES

En este caso, las personas y sociedades ajenas a la empresa y partícipes en los hechos investigados emitieron facturas a Emarsa «por importe de varias decenas de millones de euros». En otras ocasiones, incluso, de acuerdo con el magistrado, quienes dirigían la empresa pública «exigieron a los proveedores, para que pudieran serlo, bien el pago de dinero, bien la entrega de regalos o recompensas o la prestación de servicios particulares».

Estos pagos se constituyeron «en una nueva fuente de enriquecimiento ilícito» para los miembros de la trama, que se repartían los beneficios obtenidos, en ocasiones a través de dinero que sacaban de las cuentas de las empresas que facturaban a Emarsa mediante «masivas» extracciones en cajeros automáticos cercanos a sus domicilios o lugares de trabajo, que el magistrado relaciona. De acuerdo con el instructor, era José Luis Sena quien, desde 2005, llevaba Cuesta en efectivo parte de los fondos ilícitamente detraídos, que posteriormente él repartía.

De hecho, señala también que de todo lo actuado solamente en una de las empresas de Roca, Erwinin SL, se puede distinguir hasta un total de 23 conceptos que conllevan entradas de fondos, así como un total de 39 conceptos que determinan salidas de dinero. En esta cuenta entraron fondos de Emarsa por cuantía de 8.588.340,16 euros.

Asimismo, los directivos de la empresa, según el juez, utilizaron «con ánimo de lucro cuantiosos fondos públicos para fines estrictamente particulares», entre los que cita la realización de «múltiples viajes, estancias en hoteles, gastos en establecimientos de hostelería, regalos».

SOBRESEIMIENTO DELITOS CONTRA HACIENDA

En el auto, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional y parcial de los delitos contra la Hacienda Pública que han sido investigados en esta causa. Al respecto, sostiene que si se atiende a las cuantías de IVA soportado incluidas en las autoliquidaciones de 2006 a 2009 y se comparan con gastos de viajes, regalos, hostelería o similares, se observa que la inclusión de esas cuotas no obedece «a un plan defraudatorio» sino a una interpretación «errónea» en la aplicación de la ley.

A su juicio, en el caso de que hubieran querido, habrían incluido en las declaraciones del IVA las cuotas del IVA soportado incluidas en todas y cada una de las facturas recibidas por esos servicios señalados y otro de naturaleza análoga, lo que no hicieron. Asimismo, el magistrado decide acordar el sobreseimiento provisional de la causa respeto de Olekksandr y Nina Kurales, administradores de otr empresa.

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