El tribunal que juzga a Elpidio José Silva por la presunta prevaricación cometida en la instrucción del ‘caso Blesa’ ha ordenado proseguir el juicio contra él tras rechazar varios de los intentos del acusado de aplazar la vista para más adelante. El procesado ha aceptar responder a su defensa al considerar «manifiestamente falsa» y sin fundamento la acusación de la Fiscalía.
El presidente del tribunal, el magistrado Arturo Beltrán, ha rechazado las cuestiones previas que fueron planteadas por las partes en la sesión de este lunes y ha explicado sucintamente al inicio de la segunda sesión los argumentos que le han llevado a tomar esta decisión.
En concreto, los magistrados se han opuesto a incorporar el libro ‘La Justicia Desahuciada’ porque una obra «de memorias y reflexiones no puede ser equiparable a una confesión» en la que se recojan móviles y otros elementos del posible delito. «El juicio se hubiera celebrado igual con libro o sin libro», ha remachado.
Los jueces también han mostrado su negativa a incorporar más correos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa puesto que ya se han incluido aquellos que pueden afectar a la presente causa. Asimismo, han mostrado su disconformidad con que el exjefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán sea apartado de la vista y han acordado que el primer testigo en declarar sea el abogado de Blesa, Carlos Aguilar.
El tribunal no ha suspendido el juicio por las acciones emprendidas por Silva contra el magistrado Arturo Beltrán y el instructor Jesús Gavilán puesto que no tienen noticia de que se hayan admitido a trámite y ha determinado que es la Sala de lo Civil y Penal la competente para juzgar a Silva por su condición aforado y en base a criterios de seguridad jurídica.
El juez Silva, en excedencia y ahora abogado en ejercicio, está acusado de presuntos delitos de prevaricación continuada, retraso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa.
La Fiscalía pide 30 años de inhabilitación y la incapacidad para obtener durante el tiempo de condena cualquier empleo o cargo en el ámbito de la Administración de Justicia, en concreto, aquellos que conlleven el ejercicio de la función jurisdiccional.
El exbanquero pide 40 años de inhabilitación y el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reclama que sea inhabilitado durante 24 años para trabajar en la Administración de Justicia.
Blesa pedía inicialmente también tres años de inhabilitación por revelación de secretos, pero el instructor rechazó incluir este ilícito ya que Silva no había podido defenderse al no haberse formulado antes. En todo caso, Blesa se reserva la posibilidad de ejercer acciones civiles concluido el proceso penal.