Solicita que todos los acusados indemnicen, conjunta y solidariamente, a la Epsar y a la Emshi con 22.698.612,80 euros y 8.194.472,11 euros.
La Fiscalía de Valencia pide una pena de 14 años de cárcel para el expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, para el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas residuales (Epsar), José Juan Morenilla, y para el exjefe de Explotaciones de la misma entidad, Ignacio Bernácer, en relación con las irregularidades en la gestión de la depuradora de Pinedo. Así mismo, solicita otros 12 años de prisión para el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta.
Así consta en el escrito de calificación provisional que el ministerio público ha remitido al juzgado de Instrucción número 15 de Valencia –que se dirige contra 24 imputados–, dentro de la pieza principal del procedimiento, en la que se ha investigado un agujero millonario en la gestión de la empresa responsable de la depuradora valenciana, que el juez ha cifrado finalmente en 23.766.765,50 euros.
En concreto, la fiscal del caso acusa a Enrique Crespo, Morenilla y Bernácer de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con el delito continuado de falsedad en documento público, así como del delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con el delito continuado de falsedad en documento mercantil. Junto a la pena de prisión, les solicita el pago de una multa de 10.800 euros.
Así mismo, acusa a Esteban Cuesta por un delito continuado de prevaricación administrativa, un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con el delito continuado de falsedad en documento mercantil, y un delito de cohecho.
Además, la fiscal incluye en su escrito, en el que solicita la apertura de juicio oral, a otras 20 personas, a las que acusa en general de delitos de malversación de caudales y de falsedad en documento mercantil. De esta forma, pide ocho años de cárcel para los empresarios Vicente Ros Bartual, José Luis Sena y Enrique Sena, relacionados con Notec; y para Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua.
El ministerio público también reclama siete años de cárcel para Enrique Arnal Llorens, ex director económico-financiero de Emarsa; Adolfo Polo, jefe del área medioambiental; y Daniel Calzada, de la mercantil Llar Calzada; y seis años para Santos Peral, jefe de contabilidad y que tenía responsabilidad políticas en el PP de Valencia; Ignacio Martínez Maiques, jefe de compras e igualmente miembro del PP; y Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas del exinformático, Sebastián García, conocido como ‘Chanín’.
Así mismo, pide cinco años de cárcel para ‘Chanin’; Antonio José Arnal, administrador de Arrima; Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet; la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil; Luis Antonio Botella, abogado y primer teniente alcalde de Moncada; Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa; y Leonor Moreno, abogada de la entidad.
La fiscal también solicita cuatro años de prisión para José Ramón Cuesta, hermano del exgerente de Emarsa, así como el pago de una multa de 350.000 euros; y para Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d’Estudis; y tres años y medio de prisión para María Paz García martínez, hermana de ‘Chanín’, así como el pago de una multa de 1.003.000 euros.
Además, requiere que los acusados indemnicen, conjunta y solidariamente, a la Epsar y al Emshi con 22.698.612,80 euros y 8.194.472,11 euros respectivamente. Así mismo, solicita que se proceda al comiso y destrucción de la documentación «inauténtica» y que dio soporte a los continuos desvíos de fondos públicos.
«CUANTIOSAS SUMAS»
En su escrito, la fiscal recoge que entre 2004 y 2010, Crespo, Cuesta, Arnal y Adolfo Polo, previo concierto con Morenilla y Bernácer, dado que Emarsa recibía anualmente de la Epsar «cuantiosas sumas» para la financiación de la explotación de la EDAR de Pinedo, «diseñaron y ejecutaron de manera continuada un plan consistente en incrementar el precio unitario con el que la Epsar financiaba el coste de la gestión agrícola de los lodos producidos en la estación depuradora».
Una vez aprobado dicho incremento de financiación, «buscaron» a un administrador de distintas empresas, Jorge Ignacio Roca, actualmente en ignorado paradero, con el que pactaron que, «a cambio de la oportuna comisión», emitiese a Emarsa facturas simulando la prestación del servicio de gestión de lodos y desbaste al precio que previamente había sido aprobado por los responsables de la Epsar-Emarsa-Emshi.
Estas facturas, una vez recibidas en Emarsa, fueron abonadas por los gestores de la empresa pública, «a sabiendas de que el verdadero gestor de los lodos era una empresa distinta de la que emitía las facturas y que estaba realizando dicha actividad a un coste inferior en más de la mitad de lo que estaban pagando por ello desde la empresa pública».
Transferidos los fondos públicos a las empresas de Roca, el siguiente paso consistía en reintegrar en efectivo la diferencia entre el coste real del servicio y el pagado por Emarsa, «haciendo llegar dicho importe, deducida la comisión, mediante distintos mecanismos» a Crespo, Cuesta, Morenilla y Bernácer.
De esta actuación «ilícita» eran «plenamente conocedores» Arnal y Polo, «los cuales permitieron que en el periodo comprendido entre 2005 y 2010 las empresas de Roca emitiesen facturas a Emarsa simulando la realización de actividades». «Toda esta actuación –agrega la fiscal– tenía una única finalidad, la de permitir que los principales acusados se lucrasen de manera ilícita con los fondos públicos que la Epsar transfería a Emarsa para financiar los gastos de explotación de Pinedo».
LOS EMPRESARIOS SENA Y ROS
En la ejecución de este plan también intervinieron José Luis y Enrique Sena y Vicente Ros, de Notec, quienes a cambio de una comisión ilegal, entre los años 2005 y 2007 se encargaron de realizar para las empresas de Roca las labores de supervisión de Adobs Orgánics S.L., sin que estas funciones fueran necesarias.
Bajo la apariencia de una función de control del gestor de lodos de Pinedo, «se dedicaron a colaborar con Roca en la emisión y cobro de facturas mendaces a Emarsa, así como en el reparto de fondos públicos desviados». Así mismo, a partir del año 2008 y hasta 2010, facturaron a Emarsa la gestión de lodos de Pinedo «cuando la realidad era que no estaban prestando ningún servicio para la mercantil pública».
Paralelamente, agrega la fiscal en su escrito, Cuesta obtuvo de los responsables de Epsar otros incrementos no justificados de diversas partidas, distintas de la relativa a la gestión de residuos, de los presupuestos aprobados por la Epsar y que tenían como finalidad financiar los gastos de la EDAR de Pinedo.