El abogado sudafricano Brian Currin ha afirmado que el proceso de alejamiento de la violencia que ETA comenzó el pasado mes de julio «sigue progresando» y ha señalado que, «aunque puede que haya habido algún retraso», esto no puede atribuirse «en ningún caso al hecho de que haya elecciones el año que viene», sino más bien a «problemas logísticos».
Currin ha visitado de nuevo Euskadi, coincidiendo con el tercer aniversario del la decisión de ETA de abandonar la actividad armada, y tras mantener encuentros discretos, ha ofrecido una conferencia en el Aquarium de San Sebastián para analizar el proceso de paz.
En el encuentro, en el que Lokarri y Bake Bidea han presentado las conclusiones extraídas de las sesiones del Foro Social para impulsar el proceso de paz celebradas en junio en Pamplona y Bilbao, han estado presentes, entre otros, el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, el alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, o el senador de Amaiur, Alberto Unamunzaga.
En declaraciones previas a los periodistas, el mediador internacional ha señalado que aún quedan «retos» y ha remarcado que, gracias a la ciudadanía de Euskadi, en cuyas «manos» está el proceso de paz, éste «sigue avanzando». «Estáis haciendo un gran trabajo», ha enfatizado.
Currin ha considerado que la actitud que está manteniendo el Gobierno central «desde luego es un problema», aunque ha remarcado que «no hay ningún problema que no tenga solución». De este modo, ha señalado que la «prueba del éxito» del proceso de paz es que «ya hace más de cinco años que estamos sin violencia».
«ETA está yendo hacia adelante, está alejándose cada vez más de ese pasado violento y podemos esperar un futuro sin armas, lo que es evidencia de que lo estáis consiguiendo», ha manifestado.
Entre los retos para el futuro, ha señalado que «los tres principales» serían «evidentemente las víctimas», después el final definitivo de ETA y los aspectos relacionados con las armas y el tercero, la solución a la situación de los presos.
Preguntando por el proceso de desarme de la organización terrorista, el miembro del Grupo de Contacto Internacional (GIC), ha afirmado que no puede «hablar específicamente de desarme», aunque se ha mostrado convencido de que «el proceso que ETA comenzó el pasado mes de julio sigue progresando y, aunque puede que haya habido algún retraso, no creo que se pueda atribuir en ningún caso al hecho de que haya elecciones el año que viene».
A su juicio, «los retrasos son inevitables cuando estamos con una organización que está clasificada como terrorista dentro de un contexto de seguridad y de fuerzas policiales tanto en España como en Francia, sin ninguna cooperación por parte de los gobiernos de ambos países».
FORO SOCIAL
En el marco de la conferencia, Bake Bidea y Lokarri han presentado las conclusiones del Foro Social para impulsar el proceso de paz, centradas en el respeto a los Derechos Humanos de las personas presas y su reintegración.
En ese sentido, proponen «desligar las cuestiones relativas al respeto de los Derechos Fundamentales de los presos de las de su reintegración» porque estos derechos «tienen que ser garantizados sin condiciones, independientemente de su postura respecto al proceso de paz y a la convivencia».
Además, inciden en que los Tratados Internacionales suscritos por España y Francia «deben ser atendidos y respetados sin excusas ni dilaciones». En esa línea, reclaman la puesta en libertad de los presos gravemente enfermos o de edad muy avanzada, así como de quienes efectivamente han cumplido su pena, el fin de la dispersión y que las autoridades que aprueben las peticiones recientemente hechas solicitando el traslado a la cárcel de Zaballa.
En relación a la reintegración, proponen la transferencia a Euskadi y Navarra de la competencia de prisiones, elaborar un plan de reintegración social de las personas presas que cuente con el consenso de instituciones y partidos políticos, y la participación de actores sociales.
Sobre la aportación de los reclusos a la convivencia y el proceso de paz, consideran que es necesario facilitar su «participación constructiva» en el proceso de paz. «A ello contribuiría que se eliminen las restricciones para que puedan dialogar y trabajar tanto entre ellos como con sus abogados y mediadores y el conjunto de la ciudadanía a través de sus representantes y actores sociales», señalan.
«Una de las principales aportaciones de las personas presas a la convivencia consiste en un compromiso nítido con el proceso de paz y convivencia, renuncia a las vías violentas y el reconocimiento sincero del daño causado», concluyen.