El proceso independentista catalán es menos transparente de lo que inicialmente parece y más cercano a obscuros intereses que están siendo investigados por los diferentes departamentos de los cuerpos de seguridad españoles.
Según publica en su web noticiasdigital.es, existe un entramado en el que están involucrados dirigentes y exdirigentes del nacionalismo catalán que se aprovechan del proceso para su enriquecimiento personal. En esta misma línea, la estructura diseñada tras las elecciones de noviembre de 2012 no se limita a la captación de fondos para la financiación de determinadas organizaciones políticas sino, también, a preparar la futurible construcción del Estado catalán. Hasta tal punto parece que se sustancian estos mecanismos que, cierta asociación de empresarios catalanes, se ha alarmado, y denunciado anónimamente la deriva impositiva por el continuo incremento de solicitudes de comisiones y pagos de diversa índole para poder tener la oportunidad de realizar “cualquier actividad comercial o empresarial en Catalunya.”
Las fuentes de Noticiasidigital.es aseguran que el inicio de la “recaudación del impuesto independentista” se acuerda en una reunión al más alto nivel nacionalista que tiene lugar en Barcelona el 25 de noviembre de 2011 –cinco días después de la victoria del PP en las Elecciones Generales- y a la que no asiste –pero está informado- el líder del socio principal del partido del Govern. En esta reunión, el mandamás del espiritú catalán –ahora despojado de sus medallas- llegó a plantear que el momento para el soberanismo era crítico. La debilidad para el proceso se manifestaba, según sus argumentos, por el desastre económico que había dejado el tripartito y la situación de crisis en España y en el resto de Europa. En este escenario sus planteamientos se sitúan en una posición de fuerza extrema ante cualquier negociación, punto que, como ha derivado, ha adoptado su heredero político. Nuestras fuentes informantes aseguran, en cambio, que lo que realmente le importaba y preocupaba era el riesgo –más que probable, como ha sucecido- de que alguno de sus herederos biológicos fueran cazados por la justicia.
De esa reunión del 25 de noviembre de 2011, además de diseñar el calendario de presión al Gobierno de España, se informa “a cuenta gotas” –según nuestras informaciones- a determinados empresarios clave en la economía catalana -alguno muy importante del sector de la comunicación- y de los que obtendrían apoyo y aceptación necesarios para cuando este plan tan ambicioso se pusiera en marcha.
Todo se encamina a la recaudación de fondos, para lo que se habilitan determinadas sociedades instrumentales –alguna dedicada a la construcción de acequias y canales; y otra a gestionar proyectos ferroviarios-. Cualquier empresario privado que quisiera licitar en estos u otros sectores estaba obligado a abonar comisiones por obra o proyectos que oscilaban entre el 4% y el 6%. El recaudor, un hombre de la máxima confianza del heredero político del soberanismo.
En estas, se llega a las Elecciones Autonómicas de 2012 en Catalunya. A partir de ese momento, y según las mismas fuentes, el objetivo final de la operación, era crear una conciencia nacional que llegara a calar entre la ciudadanía catalana. Para ello, como se ha comprobado en los últimos años, se utilizan generadores de opinión para intentar minimizar riesgos de contramedidas, en caso de que las actuaciones judiciales en marcha , generen –como ha ocurrido- acciones contra sus dirigentes.
Según nuestros informantes, uno de los asuntos más llamativos ha sido que, a través de una determinada organización patronal catalana, se han estrechado lazos con conocidos representantes del Estado a los que descubrieron sus punto débiles: propensión a caer en el boato y la facilidad para captarlos para la causa soberanista. En este grupo figuran miembros destacados de la judicatura y fiscalía.
La Iglesia también tiene un por qué en esta historia.