Anticorrupción pidió esta medida para evitar que el hijo del ‘expresident’ continuara blanqueando capitales.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado embargar a Oleguer Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, la parte de la venta del edificio del Grupo Prisa en la Gran Vía de Madrid que le correspondería como socio de la compañía Drago Real Estate Partners, propietaria de la mitad del capital de la empresa que se hizo con el inmueble.
Así consta en una providencia en la que el magistrado, que investiga el origen de la fortuna del hijo del ‘expresident’, rechaza la petición de la Fiscalía Anticorrupción por la que solicitaba el embargo de la cantidad proporcional al 6,23 por ciento de la venta, que se produjo el 29 de julio de 2008, argumentando que no le «consta» esta operación ni la «posición exacta» de Pujol como partícipe de la compañía que adquirió el edificio.
El juez, que da traslado de esta petición a las defensas de Pujol y de su exsocio Luis Iglesias para que en el plazo de cinco días «puedan alegar lo que a su derecho convenga», apunta que «en aras del derecho de defensa» no puede acordarse una medida cautelar como la solicitada sin oír antes a las partes, «máxime si no se califica como de carácter urgente».
EVITAR EL BLANQUEO DE CAPITALES
Los fiscales José Grinda y Juan José Rosa solicitaron este embargo tras constatar que Oleguer Pujol, imputado por blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública, tiene una participación del 6,23 por ciento del fondo de inversión Drago Real Estate Partners Limited, propietaria del 50 por ciento de la sociedad Longshore, que adquirió el inmueble.
La medida cautelar tenía el objetivo de «asegurar las responsabilidades pecuniarias» que podrían derivarse en un eventual juicio y, principalmente, «impedir que continúe la actividad penal de blanqueo de capitales», dado que, según la investigación, «el dinero invertido» por Pujol «no tiene un origen justificado».
«El Sr. Pujol debe quedar sometido, como cualquier español, a las obligaciones tributarias, de manera que debe informar de la totalidad del patrimonio y fuentes de ingresos de que dispone en España y en el extranjero», señalaban los fiscales antes de recordar que el imputado no ha aportado a la Agencia Tributaria, durante la fase administrativa, «datos que permitan conocer el origen de su riqueza».
«FUENTES DE INTELIGENCIA FINANCIERA»
El magistrado también rechaza volver a pedir a la Agencia Tributaria la documentación relativa a las inspecciones fiscales que estén realizando en relación con Drago Capital y Luis Iglesias, al considerar que no procede en tanto no consten estos informes. Además, apunta que esta petición supondría realizar «una investigación prospectiva» sobre los imputados.
De igual modo, solicita a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que aclare a qué se refiere cuando sustentaban los informes remitidos en el marco de esta causa en información facilitada por «fuentes de inteligencia financiera» y que detalle, en concreto, los datos que les han suministrado.
Pedraz investiga a Oleguer Pujol desde el 1 de octubre de 2014, cuando admitió parcialmente a trámite una querella de Podemos y Guanyem Barcelona en la que se detallaban varias operaciones financieras, entre ellas la compra de un hotel en Canarias, por valor de 8 millones de euros, que se habría abonado con fondos procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.
El magistrado limitó su investigación a las actividades de Oleguer Pujol y su participación en sociedades participadas por mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y Holanda en las que figuraba como administrador a través de la mercantil Drago Mediterranean Holding Cooperatief.