El nuevo presidente, también del PP, insiste en que «heredó» los salarios de la anterior legislatura y que los va a «congelar».
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado este jueves que el sueldo del presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, se atiene a la legalidad, en relación a la polémica suscitada por los salarios fijados en el ente provincial. Sánchez recibirá 90.000 euros brutos anuales, unos 22.000 más que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Además, en total, 19 diputados provinciales cobrarán más que el jefe del Consell, un hecho criticado por el grupo Compromís, que ha pedido una rebaja del 15 por ciento en los salarios.
Beteta ha hecho estas declaraciones en su visita al Banco de Alimentos de Alicante, ubicado en Mercalicante, en la que ha estado acompañado por César Sánchez, además de por el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues; la concejala de Acción Social, Nerea Belmonte, y la portavoz del PP municipal, Asunción Sánchez Zaplana.
El secretario de Estado ha explicado que los cargos locales tienen establecida su retribución a través de los Presupuestos Generales del Estado y ha destacado que «se objetivó una norma donde se establecían los sueldos que tenían que tener los presidentes de diputaciones, alcaldes, concejales y todos los que trabajan en el mundo local». Como consecuencia, ha asegurado que lo que hace el presidente de la Diputación de Alicante «se atiene estricta y exactamente a la legalidad».
Asimismo, ha señalado que la normativa autonómica no está sujeta al control estatal, por lo que no pueden opinar y «pueden cobrar más o menos en función de las circunstancias de cada uno para llevar a cabo el desarrollo de su función política».
En este sentido, ha apuntado que lo que hay es «un límite máximo de lo que se puede cobrar» y que hay una horquilla establecida en función de la población que tiene el ayuntamiento o la Diputación «y lo que no se puede es cobrar más».
Al respecto, ha recordado que antes las «disfunciones eran superiores», pero ahora, en atención a la función política, se estableció que los alcaldes de las capitales de provincia mayores –Madrid y Barcelona– «no pueden cobrar más que un secretario de Estado» y, ha añadido: «de ahí para abajo se hace una escala a la baja en función de la población».
Por tanto, ha concluido, «se ha objetivado el cobro, cuántas personas pueden cobrar, que ya no son todas, y se ha limitado el número de eventuales», de manera que se ha logrado el objetivo de «ahorrar y objetivar».
«COMPROMÍS NO DIJO NADA»
Por su parte, Sánchez ha indicado que en el debate de investidura, donde se aprobaron los salarios, «Compromís no dijo nada de esto», en referencia a su petición de rebajar los sueldos un 15%. Así, ha insistido en que estos sueldos son «heredados de la legislatura anterior» y que los va a congelar durante cuatro años.
Además, ha recordado también la puesta en marcha de la página de Transparencia de la Diputación donde se publicarán de manera directa y «prácticamente al día» la actividad de todos los diputados.
Asimismo, ha emplazado a los diputados de Compromís y de toda la oposición al próximo pleno para hacer «las preguntas que quieran».
El presidente de la Diputación ha destacado el anuncio de la petición de Zona Franca para el Puerto de Alicante y ha señalado que su objetivo es pensar «qué medidas se pueden poner en marcha en la provincia de Alicante para que la gente tenga empleo». Al respecto, ha reprochado a Compromís y a los otros grupos de la oposición que «si no tengan ideas y proyectos que aportar para que la gente mejore su calidad de vida, es su problema».
En cuanto a la reunión que pedía el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, de las tres diputaciones provinciales y la Generalitat para coordinar las políticas y sueldos, César Sánchez ha afirmado que ya ha mantenido un encuentro con sus homólogos y el presidente del Consell «y allí no se habló absolutamente de nada de esto».
Ha agregado que la Diputación tiene que «ayudar a los ayuntamientos tengan una mejor gestión y que subsidiariamente garanticen más bienestar a las personas que viven en sus municipios» y que en esa línea va a trabajar. Al tiempo, ha recalcado su anuncio de «congelar» los salarios «heredados» de los diputados, que serán sometidos a un mecanismo de «transparencia». No obstante, ha vuelto a incidir en que le gustaría oír más de Compromís «ideas y proyectos de futuro que generen bienestar en la provincia de Alicante».