El portavoz nacional y candidato de UPYD a la Presidencia del Gobierno, Andrés Herzog, ha coincidido este miércoles con las asociaciones de jueces y fiscales que han criticado los plazos en la instrucción penal incluidos en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), entrará en vigor el próximo mes de diciembre, al considerar que «fomentan la impunidad de los corruptos y contribuyen a una democracia de muy baja calidad».
Herzog considera que la nueva ley establece unos plazos máximos de instrucción «extremadamente breves» ya que, cuando entre en vigor, las causas tendrán un plazo de instrucción de entre seis meses y tres años, y siempre que el Fiscal solicite todas las prórrogas, lo que contribuye «a un sistema de Justicia arbitrario».
Sobre la posibilidad de que dichas prorrogas puedan ser solicitadas también por las acusaciones particulares o populares, según prevé la Ley, desde UPyD se ha señalado a Europa Press que la norma no explica cuándo debe producirse dicha manifestación y tampoco la justificación requerida para ello, por lo que la norma general es que la duración de las investigaciones dependerá sólo de lo que diga la Fiscalía.
Así, aunque reconoce que la Ley reformada introduce una cláusula excepcional para evitar el archivo, Herzog considera en que «resulta del todo insuficiente por sí sola, dejando la lucha contra la corrupción en manos de un Ministerio Fiscal totalmente politizado, minimizando el papel de las acusaciones que llevan a los corruptos ante los tribunales y contribuyendo a un sistema de Justicia arbitrario
UPYD manifiesta en un comunicado que apuesta por una Justicia independiente dirigida por jueces y no por políticos y dotada de medios suficientes, con el objetivo de mejorar la calidad de la democracia para tener una España fuerte. «Tenemos que trabajar para que todos tengamos los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas oportunidades», ha recalcado el líder de la formación.
NO HABRÍA «CASO BANKIA»
Finalmente, Herzog ha advertido que prácticamente todas las causas contra la corrupción que UPYD impulsa en los tribunales -como las ‘tarjetas black’, las preferentes y Bankia- que llevan en fase de instrucción más de tres años «se hubiesen visto abocadas al archivo por estricto cumplimiento de la nueva ley».
El candidato de UPYD a la Presidencia del Gobierno destacó el papel que desempeñan las otras partes que participan en un proceso judicial, por lo que consideró «inaceptable» que solo el Ministerio Fiscal pueda solicitar la prórroga al juez instructor, «teniendo en cuenta el papel que juegan en las investigaciones otras partes, como los perjudicados, la acusación popular o la Abogacía del Estado».