El exsecretario exgeneral del PSdeG y expresidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante la jueza que instruye la Operación Pulpo, Pilar de Lara.
De este modo, tras ser recibido por la magistrada sobre las 11,10 horas, apenas cinco minutos más tarde salía de los juzgados de Lugo. La estrategia de no declarar también la seguirá la que fuera jefa de Comunicación de la institución provincial, quien está citada este mismo miércoles a partir de las 12,00 horas.
Besteiro está siendo investigado en este caso por la supuesta comisión de los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos durante su etapa al frente del Pazo de San Marcos.
Por su parte, Pilar de Lara atribuye a la anterior jefa de Comunicación de la Diputación delitos de tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, descubrimiento de secretos y uso de información privilegiada.
El último en pasar este miércoles por el despacho de la jueza será el empresario Raúl López, propietario de Monbus, como supuesto autor de delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y uso de información privilegiado.
OPERACIÓN PULPO
La Operación Pulpo arrancó en 2013 por un supuesto caso de acoso laboral entre dos trabajadores de la Diputación de Lugo, si bien en marzo de este año la jueza decidió imputar a las siete personas referidas al detectar «irregularidades» en la gestión del programa turístico ‘Km0’, adjudicaciones «ilícitas» para «favorecer» a Monbus y subvenciones «fraudulentas» a entidades deportivas relacionadas con Raúl López, como el Breogán de baloncesto.
En paralelo, está bajo la lupa de la jueza la partida de gasto social de la Diputación para sus trabajadores, que incluye ayudas médicas y para vivienda, así como en casos de natalidad y nupcialidad, y que fue aprobada en la década de los 90. Otro asunto en cuestión son las «vacaciones subvencionadas» para funcionarios, anuladas por Besteiro cuando llegó a la presidencia del Pazo de San Marcos.