Jordán afirma que hay más de 10 facturas con un importe menor a 12.000 euros, hasta alcanzar 140.000 euros, para eludir la ley.
Isabel Jordán, una de las 37 acusadas en la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) y administradora de alguna de las empresas de Francisco Correa, ha destacado este viernes ante el tribunal que entre los actos que la Comunidad de Madrid ordenó fraccionar para eludir los requisitos legales de adjudicación de concursos se encuentra el acto homenaje por los atentados del 11 de marzo de 2004, el primer evento que organizó la red.
Jordán ha recordado en varias ocasiones durante su comparecencia, que ha tenido lugar en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), que este homenaje tuvo lugar el 25 de marzo de 2004 y que unos días antes fue cuando conoció al exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad, Alberto López Viejo –encargado de la contratación–, con el que se reunió, junto a otras personas, para distribuir las «tareas pendientes» de este evento.
Según se ha podido ver en varios apuntes que ha mostrado en la sala el abogado de la acusada, Gustavo Galán, Jordán ha confirmado que la factura de este acto alcanzaba los 140.000 euros y que fue fraccionada en más de 10 recibos con un coste menor a 12.000 euros. «De 140.000 euros pasa a 11.954,39 euros (cantidad de una de las facturas) y hay otras 10 más hasta llegar a los 140.000», ha indicado Jordán.
Después de serles mostrados varios correos electrónicos que fueron intercambiados entre ella y otras personas encargadas de organizar los eventos de la Comunidad de Madrid, la acusada ha reiterado que era habitual hacer «facturas fuera de contrato» debido a los gastos extras que podían surgir en la preparación del acto. Según demuestra uno de los e-mail visualizados durante la sesión de este viernes, también se hizo una facturación posterior a lo negociado en este acto de conmemoración.
FACCIONAMIENTO HABITUAL
Según consta en el sumario de la causa en distintos informes, la Comunidad de Madrid, presidida entonces por la ‘popular’ Esperanza Aguirre, fraccionó decenas de contratos adjudicados a empresas de la trama para la organización de actos para que figuraran como menores y no superaran los 12.000 euros. El objetivo era evitar que la organización de estos eventos tuviera que someterse a concurso.
Desde que comenzó el juicio el pasado 4 de octubre, los diferentes acusados que han comparecido ante el tribunal presidido por Ángel Hurtado han afirmado que la Comunidad de Madrid ordenó el troceo de las facturas de los diferentes eventos que desarrollaron las empresas de Correa para eludir así los requisitos de publicidad y adjudicación establecido por ley.
EL TRIBUNAL PIDE SILENCIO A CORREA Y CRESPO
Una de las anécdotas de la jornada ha sido cuando Hurtado ha pedido a Correa y a su ‘número dos’, Pablo Crespo, que guardasen silencio: «Hagan el favor de callarse», ha dicho el presidente del tribunal. Jordán ya había advertido en un momento anterior que era «muy molesto» tener a los dos acusados –que sientan en la primera fila del banquillo de los acusados, justo detrás de la persona que está declarando– cuchicheando.
Con esto se ha dado por finalizada la sesión de este viernes, en la que Jordán ha estado respondiendo, durante cerca de 6 horas, las preguntas de su abogado. La acusada, para la que Fiscalía solicita 39 años y 1 mes, ha estado toda esta semana –salvo el miércoles que fue festivo en Madrid– contestando al Ministerio Público, acusaciones y las defensas.
ALICIA MÍNGUEZ, LA PRÓXIMA EN COMPARECER
La próxima sesión tendrá lugar el miércoles 23 de noviembre, día en el que declarará la empleada de Correa Alicia Mínguez. Además, el tribunal tendrá que comunicar si finalmente admite citar a declarar como testigos a más de 60 altos cargos del Ejecutivo regional madrileño por «el fraccionamiento de los contratos de la Comunidad de Madrid», tal y como solicitó el abogado del PSOE de Madrid, Wilfredo Jurado, y a la que se adhirió algunas de las defensas.
Los socialistas, personados como acusación popular, insisten de este modo en la petición que ya efectuaron antes del inicio de la vista oral. El tribunal sólo aceptó entonces incluir como testigo a Aguirre.
En el listado del PSOE figuraban también su sucesor, Ignacio González, y otras personas con cargos de responsabilidad como el exconsejero Juan José Güemes. Una vez iniciado el juicio el tribunal aceptó, a petición de la Fiscalía, llamar como testigo a Concepción Brea Bonilla, una de las personas encargadas de la gestión de contratos de eventos de la Comunidad de Madrid.