El colectivo de presos de ETA (EPPK) ha dado su apoyo a la manifestación convocada para este sábado en Bilbao por Sare para reclamar el acercamiento al País Vasco de los reclusos etarras. En un comunicado remitido al diario ‘Gara’ y recogido por Europa Press, el EPPK afirma que para «vaciar las cárceles» deben «construir un puente firme» entre los presos y quienes los defienden en la calle. El colectivo de presos etarras anunció recientemente la apertura de un debate con el que propone que los condenados puedan acogerse a beneficios penitenciarios de manera individual, pero sin arrepentimiento ni colaboración con la Justicia, que es precisamente lo que exige la ley para acogerse a esos beneficios.
La derrota policial de ETA y su renuncia a los atentados en octubre de 2011 abrió un debate en el entorno de la banda sobre la idoneidad de que los más de 350 presos que siguen bajo su disciplina mantuvieran o no la ortodoxia en las cárceles.
Las posturas que abogaron por beneficios individuales fueron criticadas con el nacimiento de Aministía Ta Askatasuna (ATA), otra plataforma surgida en el seno de la izquierda abertzale con vocación de representar los intereses de los presos y prófugos de ETA. Esta red recuperó los discursos de máximos, situando la amnistía en el centro de sus exigencias.
Sortu también lanzó otra plataforma, Sare, que aspiraba a convertirse en la voz del colectivo en un contexto en el que varias plataformas se han disputado la representatividad de los presos de una ETA sin estructura de dirección y con un arsenal menguante debido a las reiteradas operaciones policiales, que han llegado a descabezar la banda hasta en siete ocasiones desde 2011.
El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha reiterado su negativa a apoyar un «proceso ordenado» para el fin de ETA y ha recordado que, antes de reconsiderar la política penitenciaria de dispersión, se tiene que disolver la banda y entregar las armas, y los condenados por terrorismo pedir perdón y colaborar con la justicia. Las víctimas del terrorismo consideran que hay más de 300 casos que aún no han sido esclarecidos judicialmente.