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lunes, 22 abril 2024
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Santamaría cree que «el problema» del independentismo es quién firma las leyes para la desconexión de Cataluña

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Garantiza que el Gobierno está preparado aunque las leyes se aprueben en un día o las impulse el Gobierno catalán

. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cree que «el problema» del independentismo catalán es quién firma la ley de desconexión y la de convocatoria de referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, y ha recordado que en Cataluña hay ya cuatro responsables políticos inhabilitados y otros con procedimientos abiertos.

«El problema es quién le pone la firma a esas dos leyes que son contrarias a la Constitución y a las más elementales reglas de la democracia. No creo que el problema sea la reacción del gobierno», ha dicho Santamaría en declaraciones en los pasillos del Congreso.

La vicepresidenta ha insistido en que el referéndum no se va a celebrar y en que el Gobierno tiene prevista la reacción a cualquier paso que se dé, pero ha subrayado que el problema no es qué hará el Gobierno, «el problema es la responsabilidad de quien firme» esas leyes.

EL GOBIERNO «LLEVA SEMANAS PREPARADO»

Ha dicho también que el recurso contra la ley de desconexión está preparado porque el texto ha sido presentado en público, pero que no se darán pasos hasta que no haya un hecho legal que denunciar. «El Gobierno lleva semanas preparado», ha asegurado.

Ha recordado también que la tramitación parlamentaria en lectura única de una ley, como se pretende hacer en el Parlamento catalán, está también suspendida pero que si aún así se produce, al Gobierno no le «pilla desprevenido». Tampoco si es la Generalitat la que decide aprobar estas normas por decreto ley.

Y ha vuelto al argumento de que el problema no es qué hará el Ejecutivo de Mariano Rajoy. «A un mes vista, qué es lo que queda, aquí no hay legalidad, no hay logística, no hay firmas y creo que eso de ¿cómo era? ¿Un referéndum con garantías? Ahora lo que no hay es la más mínima vergüenza democrática», ha añadido.

La vicepresidenta del Gobierno ha pedido respeto a los «mínimos principios democráticos» y que se retire la ley de desconexión, una aberración con la que se pretende constituir «una autocracia».

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