La Generalitat ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) las medidas ordenadas por la magistrada Mercedes Armas para evitar la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre, ya que considera que vulneran la legalidad y están faltas de fundamento.
Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, el recurso de reforma se ha presentado este viernes ante el TSJC y sostiene que las medidas cautelares adoptadas por la magistrada vulneran el principio de proporcionalidad por afectar al orden público y a los derechos fundamentales.
El recurso también hace hincapié en un supuesto quebrantamiento del principio de proporcionalidad por grave afectación del funcionamiento de los servicios públicos y por supuestamente vulnerar la legalidad en materia de coordinación de seguridad: un cargo del Ministerio del Interior ha asumido la coordinación de los tres cuerpos policiales.
La magistrada, que investiga al presidente de la Generalitat y a los consellers por el referéndum, ordenó el miércoles a los Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional impedir el uso de locales públicos como sedes electorales del 1-O y requisar todo el material vinculado al referéndum.
Ordenó que, «sin afectar la normal convivencia ciudadana», se impida que se usen locales o edificios públicos para la preparación del referéndum y, si en esos lugares se preparan las votaciones mientras hay servicios públicos en marcha, se deberán cerrar sólo las dependencias que afecten al 1-O.