La diputada ‘popular’ y presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, ha asegurado que la banda terrorista ETA «no ha ahorrado ni un solo muerto» a sus víctimas y que, «mientras ha tenido capacidad para matar, ha seguido haciéndolo de forma imperturbable».
En un comunicado suscrito por su presidenta, la Fundación de Víctimas ha garantizado que la disolución anunciada por ETA no se trata de «un acto voluntario», sino de la «constatación de una evidencia», gracias a la actuación del Estado de derecho.
Este jueves, la banda ha anunciado su disolución tras casi 60 años de trayectoria, en los que asesinó a 829 personas, secuestró a 80 y extorsionó a 10.000. Además, se le atribuyen 358 crímenes sin resolver.
La Fundación de Víctimas del Terrorismo, que engloba a la mayoría de asociaciones y fundaciones del colectivo de víctimas, celebra la unanimidad de la reacción a los últimos movimientos de ETA, en sus «intentos de falsear la historia, de imponer su relato», en lo que entiende que son «simples operaciones de propaganda».
Según la Fundación, son los demócratas, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Judicatura y la Fiscalía del Estado quienes han terminado con casi 60 «años de sufrimiento y dolor». «No estamos ante un acto voluntario, es, pura y simplemente, la constatación de una evidencia», sostiene esta fundación de víctimas.
CRITICA LA PETICIÓN «PARCIAL» DE PERDÓN
El comunicado critica la petición «parcial» de perdón que hizo ETA el pasado 20 de abril, cuando presentó sus disculpas exclusivamente a las víctimas «ajenas al conflicto» que según la organización terrorista existía en el País Vasco y en el conjunto de España. «Esta falacia es inaceptable porque todas las víctimas de la banda asesinadas fueron inocentes», argumenta la Fundación de Víctimas.
Respecto a los crímenes etarras aún sin resolver, la Fundación exige que no haya «ninguna vía para la impunidad» y que la banda, para iniciar «una nueva etapa», no debería intentar legitimar su existencia, sino contribuir a esclarecer los asesinatos pendientes de resolución y posibilitar que sus responsables cumplan condena.
«Las víctimas no admitiremos que quienes causaron tanto sufrimiento y dolor pretendan encontrar atajos para eludir todas las consecuencias que nuestro ordenamiento jurídico prevé como respuesta a sus actos. No se puede ni se debe dejar de aplicar la ley», concluye la Fundación de Víctimas del Terrorismo.