Asegura que las reuniones entre la Policía, la Fiscalía y el juez Florit eran habituales.
El inspector jefe de la Policía Judicial que ha declarado este martes como testigo en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en relación al denominado ‘caso Móviles’ ha admitido que la periodista de Europa Press, Blanca Pou, protestó y planteó su oposición ante la incautación de su teléfono móvil ordenada el pasado diciembre por el juez Miguel Florit para investigar el origen de unas informaciones periodísticas publicadas en relación al ‘caso Cursach’.
Cabe recordar que en un auto fechado el 3 de enero, Florit aseguró que los periodistas «acordaron la entrega voluntaria de los dispositivos de almacenamiento de información sin manifestar protesta alguna».
En ese momento, desde Europa Press se negó esta afirmación y se contestó que su periodista no entregó voluntariamente el material que se le exigía y que, además, en todo momento expresó su rechazo a la medida, así como su deseo de recibir asistencia jurídica.
De esta misma manera se ha manifestado Pou este martes ante el TSJIB, donde ha declarado como testigo. Ahí, ha negado que diera su dispositivo de manera voluntaria y que en el momento de la incautación protestó y se manifestó contraria a la incautación de su dispositivo móvil.
Por otro lado, el inspector jefe de la Policía Judicial ha manifestado durante su declaración ante Vidal, que se ha prolongado durante unas dos horas, que se producían reuniones habituales entre la Policía, la Fiscalía y el juez Florit.
Cabe recordar que Europa Press interpuso una querella contra Florit, a través de Solventium Abogados, después de la incautación del móvil –así como de dos ordenadores y diverso material en la sede de la agencia de Baleares– por prevaricación, delito contra la inviolabilidad del domicilio y vulneración del secreto profesional periodístico.
Posteriormente, la documentación aportada al TSJIB reveló que el juez también había ordenado, antes de la incautación, obtener los listados de llamadas y posicionamientos de los móviles de Mestre, Pou, una periodista de EFE y los teléfonos fijos de la sede de las dos agencias de noticias en Palma. En el caso de Pou, requirieron a una operadora datos que abarcaban hasta enero de 2016.