El Gobierno no ve motivos para sancionar a la empresa encargada de hacer públicos los resultados del escrutinio de las elecciones del 26 de mayo, Scytl y Vector, pese a que el criterio que empleó para omitir en algunos casos los votos que sirvieron para obtener escaño suscitó dudas sobre si el escrutinio era correcto.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, ha minimizado la polémica que se ha generado en torno a las dudas generadas por el modo de operar de esta compañía, que ha desvinculado de otras «incidencias» producidas en el recuento que sí se debió a «errores humanos» y que, en algunas casos, ha modificado sustancialmente las mayorías en algunos ayuntamientos, como es el caso de León capital.
En cualquier caso, Celaá se ha esmerado en subrayar que el sistema de escrutinio español es «ejemplar» y «extraordinariamente eficiente». Y ha enmarcado las incidencias habidas en la normalidad de lo ocurrido en convocatorias anteriores, cuando se suscitan «algunas diferencias» entre el escrutinio provisional y el definitivo.
No obstante, ha avanzado la disposición del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de comparecer en el Parlamento para dar todas las explicaciones pertinentes.
Con respecto a la manera de operar de la empresa en cuestión, ha explicado que el conflicto se generó a partir de la decisión de la compañía de no volcar a la web el número total de votos, sino sólo los que sirvieron para obtener escaño, en el cómputo provincial, si bien a nivel municipal sí especificaban todos los votos.
Por lo tanto, y al margen de este criterio a la hora de volcar unos datos y otros, el escrutinio reflejado por la empresa fue «perfectamente correcto». De ahí que el Gobierno no encuentre «ninguna responsabilidad punitiva de la empresa» que motive una sanción.