La comparecencia tendrá lugar después de que la juez haya rechazado archivar la causa, como solicitaban la Abogacía y la Fiscalía.
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha llegado poco después de las tres de la tarde de este miércoles al edificio de los juzgados de instrucción de Madrid, donde declarará ante la juez Carmen Rodríguez Medel como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa por la celebración de concentraciones multitudinarias entre los pasados 5 y 14 de marzo, entre ellas la marcha del 8-M.
El dirigente socialista, secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, ha accedido al edificio de los juzgados situados en la Plaza de Castilla de la capital acompañado de la abogada del estado Rosa María Seoane, que ejerce su defensa, y ha rechazado hacer manifestaciones a los numerosos periodistas que le esperaban.
En el lugar se manifestaban tres personas, una de las cuales mostraba una bandera de España un crespón negro mientras que otras dos portaban señales de de STOP a las que habían añadido el término «feminazis».
Franco debe declarar sobre un una presunta prevaricación administrativa de la que le acusan varias acciones populares en relación con la actuación de su departamento durante los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia de covid-19 .
La comparecencia tiene lugar o un día después de que titular del Juzgado Central de Instrucción número 51 inadmitiera los recursos presentados por la Abogacía del Estado y la Fiscalía y rechazara anular la causa, tal y como éstas habían solicitado al no ver indicios de delito en la actuación del delegado del Gobierno en Madrid respecto a la autorización de las protestas.
El contenido de los informes solicitados por la juez del caso a la Guardia Civil, que ha trascendido a los medios de comunicación, ha suscitado una agria polémica por la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, que era el superior de los investigadores que los realizaron. Este hecho ha sido criticado duramente por la oposición como un caso de injerencia política en una investigación judicial.