Unidas Podemos ha anunciado que votará a favor del decreto ley que recoge el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que este jueves se vota en el Pleno del Congreso después de llegar a un acuerdo de última hora con el Ministerio de Hacienda.
La decisión de la formación ha sido revelada después de que el secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados y diputado de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, haya anunciado a primera hora de este mismo jueves un acuerdo con el departamento de María Jesús Montero para la creación de un fondo de emergencia municipal de 3.000 millones a fondo perdido.
«Incomprensible que este acuerdo no haya llegado antes. Pase lo que pase hoy habrá que seguir batallando por dignificar la financiación local», ha escrito en un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, unas horas antes de que el Pleno de la Cámara Baja vote el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
En concreto, Pisarello ha informado de este acuerdo después de que el Ejecutivo lanzase este miércoles una oferta de última hora a la oposición para evitar la derogación del decreto ley. Ante el rechazo a que los ayuntamientos cedan sus remanentes al Estado para poder usarlos, Hacienda ofreció liberar una parte de ese fondo prometido, entre un 40 y un 60%, para distribuir ese dinero entre los municipios sin condiciones, tengan o no superávit, y evitando la controvertida cesión.
Ese acuerdo, destinado a permitir que los ayuntamientos sorteen la Ley de Estabilidad Presupuestaria y puedan usar sus remanentes para combatir los efectos de la pandemia del coronavirus, se aprobó por la mínima en la FEMP y este jueves se somete a votación en el Pleno del Congreso con toda la oposición en contra.
En la negociación intervino incluso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de En Comú, que lidera la contestación dentro de Unidas Podemos, socio del Gobierno. Colau viene apoyando el manifiesto de más de treinta grandes municipios, incluyendo capitales como Madrid, Zaragoza, Valencia o Cádiz, que apuestan por repartir entre los ayuntamientos un fondo de 5.000 millones sin más criterio que la población, igual que se ha hecho con las comunidades autónomas.