Lamenta que no se haya renovado el CGPJ: «Algo está pasando ahí».
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha explicado que su ministerio envió este lunes al Tribunal Supremo (TS) la documentación sobre las peticiones de indulto de los condenados por el 1-O, y el tribunal realizará su informe una vez haya oído la opinión de la Fiscalía y la de Instituciones Penitenciarias.
«Cuando el expediente regrese al Ministerio de Justicia se hará una propuesta denegatoria o positiva al Consejo de Ministros, que tendrá la última palabra», ha detallado en una entrevista en ‘La Vanguardia’ este domingo recogida por Europa Press.
Al preguntársele si concedería el indulto en contra del criterio del TS y de la Fiscalía, ha contestado: «Sería un desprecio intolerable que un ministro de Justicia se pronunciara antes de que se cumpla la entrega de esos informes preceptivos. Y debo añadir que es una decisión del Consejo de Ministros».
Entre la admisión a trámite y la decisión final –ha explicado– pasan de seis a ocho meses, por lo que «iría muy justo en los términos de media» contar con que la petición esté resuelta a principios de febrero, coincidiendo con unas posibles elecciones en Catalunya.
Campo ha reiterado que «el ministro de Justicia no puede dejar de tramitar los indultos porque estaría prevaricando», y ha explicado que, teniendo en cuanta la trascendencia de los afectados, lo que le pareció más oportuno fue comunicar en el Congreso que se empezaba a tramitar la petición.
RENOVACIÓN CGPJ
Ha lamentado que no se haya renovado el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expirado el de cinco años que prevé la Constitución: «Después de dos años de demora, creo que la situación no hace falta ni calificarla. Algo está pasando ahí».
«Cuando el Consejo después de dos años sigue haciendo nombramientos, el ciudadano tiene que preguntarse cosas y no deben gustarle muchas conclusiones a las que llega, y yo participo de ellas», y ha dicho que corresponde al PP clarificar el porqué.
Sobre una posible reforma para renovar el CGPJ sin tener que llegar a las mayorías en la actual norma, ha dicho que el Ejecutivo promueve cambios legales para mejorar el ordenamiento jurídico y que estudia «la conveniencia de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para encontrar fórmulas que permitan asegurar el funcionamiento de las instituciones conforme al mandato constitucional».
En todo caso, ha descartado que los nombramientos efectuados por el actual CGPJ con el mandato caducado puedan ser reversibles, porque «el Gobierno quiere reformar le ley del Poder Judicial, pero no va a tomar esa medida».
REFORMA DE LA SEDICIÓN
Sobre una reforma del delito de sedición, ha sostenido que es «un compromiso del Gobierno llevar a cabo la modificación del Código Penal para adecuar las figuras delictivas contra la Constitución y contra el orden público» a la realidad actual y al marco normativo de la Unión Europea.
«El delito de sedición es un delito decimonónico, que se incorpora a nuestro ordenamiento hace casi doscientos años. No podemos tener un Código Penal fuera de la realidad de los países de nuestro entorno», ha dicho.