La Alianza contra el Borrado de Mujeres, plataforma feminista impulsada entre otras por la exdiputada socialista Ángeles Álvarez, se ha dirigido a las presidentas del Congreso, Meritxell Batet, y del Senado, Pilar Llop, para denunciar el uso en las páginas web de ambas Cámaras de indicadores de género y pedirles que los sustituyan por indicadores de sexo.
Esta organización enmarca las misivas dirigidas a Batet y Llop en la campaña que ha puesto en marcha para protestar por lo que denominan el «borrado estadístico del sexo» que, desde su punto de vista, se produce con la proliferación, por ejemplo, de formularios en los que los criterios de «sexo» se sustituyen por los de «género».
La plataforma se queja, en concreto, de que en los buscadores de diputados y senadores ahora se incluya la categoría «género», lo que consideran no acorde a la ley. Así, señalan que el sistema de registro público español «identifica el ‘sexo’ de las personas y no su ‘género'». Las webs de las dos instituciones permiten buscar por género dando únicamente las opciones de ‘masculino’ o ‘femenino’.
NO SON INTERCAMBIABLES
«Los términos ‘sexo’ y ‘género’ no definen conceptos idénticos y por tanto no son intercambiables», remarcan en sus cartas, en las que inciden en que el primero hace referencia a aspectos biológicos y el segundo «a los comportamiento asignados e impuestos en función del sexo de las personas».
En este contexto, la Plataforma contra el Borrado de Mujeres solicita a Batet y Llop que las web de ambas Cámaras «se adecuen a las leyes en vigor que impulsan una presencia equilibrada de hombres y mujeres –no de géneros– en el ámbito de la representación, la cultura, la ciencia, el acceso a bienes y servicios y en general cualquier actividad humana».
También les recalcan que la Ley de Igualdad hace referencia «al sexo como el motivo de la desigualdad específica más persistente y que afecta a un mayor número de personas en el mundo» y exige que, siempre que sea posible, el tratamiento de la información se haga «desagregado por sexo».
«Diferenciar a los diputados de las diputadas utilizando un término que define las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres es acientífico, antijurídico y profundamente sexista», sostienen.
Y es que, en opinión de esta plataforma, no se deben utilizar «de manera incorrecta» conceptos que, desde su punto de vista, «terminan por eliminar el principal elemento que permite identificar las brechas de desigualdad entre los sexos».