La consellera de Salud de la Generalitat en funciones, Alba Vergés, ha criticado la «judicialización» de la vacunación en Cataluña, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya obligado a la Generalitat a vacunar a agentes de Policía Nacional y Guardia Civil por considerarles esenciales y para equiparar el ritmo de vacunación de estos cuerpos al de los Mossos d’Esquadra.
Lo ha dicho en la sesión de control al Govern este jueves en el Parlament, cuando el diputado de Vox Joan Garriga le ha acusado de discriminar a policías y guardias civiles, en «un acto supino de sectarismo», y ha pedido que la Generalitat no agote el plazo de 10 días que les ha dado el TSJC y que paguen las facturas de los abogados que han recurrido a los tribunales en este proceso.
La sección III de la Sala Contenciosa del TSJC ha dado este plazo de 10 días tras estimar las medidas cautelares que reclamaron dos sindicatos policiales en un auto que destaca que el 24 de marzo se había vacunado al 3,6% de policías nacionales y al 2,8% de guardias civiles, mientras que el cuerpo de Mossos registraba casi el 80% de efectivos vacunados.
Vergés ha pedido al grupo de Garriga que no judicialice el trabajo de los profesionales sanitarios y que no cuestione su plan de vacunación, y ha reiterado en varias ocasiones que «el objetivo es vacunar a toda la población de Cataluña».
CRÍTICAS DE CS Y PP
La diputada del PP en el Parlament Lorena Roldán ha acusado al Govern de haber excluido a los miembros de Guardia Civil y Policía Nacional de la vacunación porque «todo lo que huele a Estado les produce urticaria, hasta el punto de que les han dejado desprotegidos ante el virus, por venganza, porque no son de los suyos».
«Es una prueba evidente de que se guían por el odio y no por criterios sanitarios», ha continuado Roldán, a quien la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha dicho tras su intervención que el Código de Conducta del Parlament exige respeto a la cortesía parlamentaria y evitar acusaciones como las que ha lanzado a Vergés.
La consellera de Salud ha subrayado que el objetivo del Govern es combatir la pandemia y vacunar a toda la población de Cataluña: «Habla de discriminación pero, ¿por qué no la he oído hablar de discriminación cuando se apartan vacunas para un colectivo que van fuera de la estrategia de vacunación, para los militares?».
El diputado de Cs Matías Alonso ha tachado de discriminación flagrante la situación de estos agentes, y ha preguntado a la consellera Meritxell Budó si ha sido una decisión del Govern «al dictado del prófugo de Waterloo», en referencia al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
Budó ha insistido en que «la voluntad del Govern es garantizar la vacunación de toda la población de Cataluña», y ha remarcado que el plan de vacunación ha permitido tener a la población más vulnerable vacunada, paso muy importante tras el que se seguirá con el resto de colectivos, ha dicho la portavoz del Govern en funciones.
Juli Fernández (ERC) ha preguntado por la estrategia de vacunación de la población en general, y Vergés ha garantizado: «Estamos preparados, estamos yendo a buen ritmo», y esta semana prevén vacunar con la segunda dosis a todos los mayores de 80 años, y también al 70% de los ciudadanos entre 70 y 79 años, y al 60% de los que tiene entre 60 y 69.