La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de haber acordado con Esquerra Republicana (ERC) la, a su juicio, «mal llamada» Ley de Convivencia Universitaria para «blindar la impunidad y el totalitarismo separatista» en las universidades catalanas.
Así lo ha señalado Arrimadas tras reunirse junto con el portavoz adjunto del partido en el Congreso, Edmundo Bal; el responsable de Universidades del grupo parlamentario, Juan Ignacio López-Bas; y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, con la asociación de universitarios en defensa de la Constitución S’ha Acabat.
La líder de la formación naranja ha trasladado a los representantes de la citada organización su apoyo y disposición para colaborar con ellos, sobre todo a raíz del último ataque sufrido a principios de mes en la Universidad Autónoma de Barcelona por parte de un grupo de estudiantes independentistas.
Y ha aprovechado para cargar contra el Ejecutivo no sólo por haber «cedido» ante ERC en materia económica o respecto a los presos del procés sino también en la tramitación de la Ley de Convivencia Universitaria, con la que, a su juicio, se pretende «blindar la impunidad de los rectorados y el totalitarismo separatista» en la universidades catalanas.
Según Arrimadas, la citada norma es «contraria» a los principios democráticos y supone un «ataque» a la libertad. «Pretenden que en las universidades haya escraches sin que pasa nada, que hay publicidad separatista sin que pasa nada y que los rectorados puedan amparar a los totalitarismos y no pase absolutamente nada», ha denunciado.
LAS PROPUESTAS DE CS
Así las cosas, la presidenta de Cs ha confirmado que su partido va a presentar «muchas» enmiendas a la citada ley con las que buscan que los distintos partidos se «retraten» ante la «desprotección» que, según ha dicho, sufren los alumnos constitucionalistas en Cataluña por parte del Gobierno.
Entre otras cuestiones, Cs planteará que se expulse de la universidad a aquéllos que agredan, acosen o promuevan escraches por motivos ideológicos, que no se subvencionen a entidades que «persiguen» a alumnos y profesores en función del idioma en el que se expresan y que se impulsen normas nacionales que garanticen la libertad de todas las universidades españolas.
«No queremos una Ley Celáa II a nivel universitario ni la impunidad de los totalitarios que no permiten la expresión en libertad en las universidades catalanas», ha resumido.