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miércoles, 19 junio 2024
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Cientos de personas recuerdan la catástrofe de Zaldibar y reclaman que se depuren todas las «responsabilidades»

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Cientos de personas se han manifestado este domingo en Ermua, con motivo del segundo aniversario del derrumbe del vertedero de Zaldibar, para reclamar que se depuren todas las «responsabilidades» por la catástrofe.

En la protesta, a la que se han adherido más de medio centenar de colectivos vascos, la plataforma Zaldibar Argitu ha homenajeado junto al vertedero a los dos trabajadores fallecidos en el lugar y ha criticado la gestión llevada a cabo por el Gobierno Vasco.

En la jornada de este domingo se cumplen dos años del derrumbe de la escombrera de la empresa Verter Recycling en Zaldibar que sepultó a Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze.

Minutos antes de arrancar la manifestación, Carlos Alonso, abogado y portavoz de La Asociación Vecinal de San Lorenzo (Ermua), la plataforma ciudadana Zaldibar Argitu y la asociación Ekologistak Martxan, ha denunciado que dos años después de la tragedia humana y la catástrofe medioambiental las tres entidades reclaman «responsabilidades».

«Sobre todo recordamos a las dos personas que murieron sepultadas por la avalancha de basuras y escombros, pero también exigimos responsabilidades. No olvidamos pero miramos al futuro», ha advertido.

Según ha denunciado, hay responsables de la tragedia, «no solo, aunque sean los primeros y principales, los gestores del vertedero, Verter Recycling», sino también quienes debían haber «supervisado y controlado» el funcionamiento de la instalación y «no lo hicieron».

«Otras empresas, ingenierías y consultoras colaboraban en la vigilancia del vertedero que debieron ver y no vieron cómo la instalación anunciaba su derrumbe», ha criticado.

Asimismo, ha resaltado, «sobre todo», la responsabilidad del Gobierno Vasco que, «desde 2013 se ha limitado a dar autorizaciones sucesivas ampliando la capacidad y el tipo de residuos que se podían enterrar en Zaldibar».

En este sentido, ha denunciado que, sin embargo, el Ejecutivo no ha ejercido «las potestades de vigilancia y control a las que estaba obligado».

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