La nueva Ley de Información Clasificada, cuyo borrador ha aprobado este lunes el Consejo de Ministros, no supondrá la desclasificación automática de ninguno de los documentos ya clasificados hasta ahora y que hayan cumplido sus plazos, sino que ésta se irá haciendo paulatinamente si así lo deciden «de oficio» las autoridades competentes o a instancias de personas afectadas que así lo soliciten.
Así lo ha explicado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que informado de que el Gobierno espera poder tener aprobada la nueva normativa a finales de este año o principios del que viene.
El anteproyecto prevé un régimen transitorio de aplicación. Para empezar, no estará en vigor hasta seis meses después de su aprobación por las Cortes, que el Gobierno calcula para principios de 2023.
Respecto a la «ingente» documentación ya clasificada o la que se clasifique hasta entonces, en principio, se mantendrá como está, si bien podrá desclasificarse por las autoridades competentes bien «de oficio» o a instancia de alguna persona que tenga interés en la misma.
Según Bolaños, la regla general será «permitir la desclasificación» salvo que afecte a la seguridad, la defensa del Estado o la integridad de una persona concreta. En este punto, el ministro ha recordado que los documentos militares anteriores a 1968 ya fueron desclasificados en su momento por el Ministerio de Defensa.
Además, el ministro ha detallado que la nueva normativa no contempla ninguna restricción especial para ninguna institución, es decir que los documentos relativos a la Corona no gozarán de especial protección.