Igualdad buscará regularizar a las víctimas de esta situación que no tengan los papeles en regla.
El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el Plan Camino, de ayuda a víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en situación de prostitución, para el que prevé destinar unos 204 millones de euros hasta 2026.
Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Igualdad, establece acciones específicas para el propio departamento que dirige Irene Montero y también para once ministerios.
En concreto, el plan incluye 28 medidas que se integran en cinco líneas de acción a implementar entre este año y 2026 y que se encuentran en Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y en el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023.
La iniciativa se concibe, por tanto, como «una política palanca que desarrolla todas las actuaciones que competen al Ministerio de Igualdad respecto a la trata con fines de explotación sexual, la explotación sexual y el apoyo a las mujeres en contextos de prostitución», según ha indicado el Ministerio de Igualdad.
LAS ACCIONES
Con esta iniciativa se promueve la investigación y recogida de datos sobre esta materia; se trabajará en la prevención y desincentivo de la demanda, llegando a jóvenes y hombres a través de campañas de sensibilización y también desde las escuelas y desde espacios de socialización; y se buscará la detección de víctimas, para que puedan acceder a derechos económicos, socio-asistenciales y de salud sexual y reproductiva sin que este acceso dependa de la interposición de una denuncia.
Otras de las principales líneas de acción que se van a implementar, que destaca Igualdad, es oferta de vías realistas de salida de la explotación, con programas de acceso a derechos sociales y económicos como son vivienda, salud y empleo; y se impulsará el acceso a la regularización documental de las mujeres víctimas.
«Para ello, hemos alcanzado un acuerdo histórico sobre el que vamos a trabajar intensamente en los próximos meses. Para que todas las mujeres y especialmente las más vulnerables, sean beneficiarias de todas las medidas de este acuerdo», ha señalado el Ministerio.
La ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha denunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo, la «grave vulneración de derechos humanos» que supone la trata y ha recordado que, según los datos e la ONU, las niñas y las mujeres son las principales víctimas de este delito, siendo la explotación sexual la principal finalidad del mismo.
También se ha referido al último balance realizado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, con datos relativos al periodo 2017-2021, en el que se recoge que se han identificado a 873 víctimas de trata sexual y a 2.227 de explotación sexual. Además, destaca que el 50% de estas víctimas son mujeres de entre 18 y 38 años y que 1 de cada 3 están en situación administrativa irregular.
«Con este plan tratamos de ayudas a estas mujeres que aquí son cifras, pero que son vidas truncadas a las que hemos de dar respuesta y atención desde lo público», ha apuntado.