El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, en el marco del Debate sobre el estado de la Nación, una resolución en la que insta al Gobierno a pactar medidas anticorrupción con todos los grupos parlamentarios. El texto, que había sido pactado entre el PP y CiU, ha sumado también a UPyD y el PNV mientras que el PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) han optado por la abstención.
La resolución aprobada es una fusión de la propuesta original del PP sobre regeneración democrática y varias aportaciones de los nacionalistas catalanes, como el mandato de que el próximo Reglamento del Congreso incluya la regulación de los grupos de influencia (lobbies).
En concreto, el Congreso insta al Gobierno a «buscar y promover el diálogo» con los grupos parlamentarios durante la tramitación de los dos proyectos de ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros sobre el control de la actividad económico-financiera de los partidos y la regulación del ejercicio de cargo público.
COMPARECENCIAS DE EXPERTOS
En este marco de diálogo, además de estas iniciativas del Gobierno habrán de incorporarse al debate «todas las propuestas y aportaciones que formulen» los grupos parlamentarios y se convocará una ronda de comparecencias de expertos en la Comisión Constitucional del Congreso para que sus opiniones permiten a los partidos «adoptar las medidas más efectivas» en esta materia.
De hecho, en el texto aprobado la Cámara asume que estas medidas han de basarse «en el más amplio acuerdo» ya que el consenso aumentará «su valor y eficacia de manera exponencial».
También se pide al Gobierno que ponga a disposición de los demás grupos las «medidas penales y procesales» de lucha contra la corrupción incluidas en su Plan de Regeneración Democrática para que sean tenidas en cuenta en la tramitación del nuevo Código Penal que ya se ha iniciado en el Congreso.
Además, la Cámara se ha comprometido a reforzar la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales para facilitar un mejor control de la ejecución de las distintas partidas presupuestarias y a incluir la regulación de los lobbies en la reforma del Reglamento del Congreso.
«Esta regulación –puntualiza la resolución– debe dirigirse a canalizar el ejercicio de todas aquellas actividades que tienen como objeto influir en la formulación de políticas y en los procesos de toma de decisiones, garantizando la transparencia en el ejercicio del derecho que los representantes de la sociedad civil y las empresas tiene de acceder a las instituciones, así como la observancia del código de conducta que en su momento se apruebe».