Jueces, fiscales y policía exigen al ejecutivo más herramientas contra delitos económicos BARCELONA, 20 (ERUOPA PRESS) El fiscal Anticorrupción de Barcelona, Emilio Sánchez Ulled, ha definido este lunes la puerta giratoria como «gestionar aquello que, como funcionario, tenías que evitar», en unas jornadas sobre corrupción organizadas por el Cuerpo Nacional de Policía (CNP).
En el seminario ‘La lucha contra la Delincuencia en un Mundo Global’, el fiscal ha incluido esta práctica propia de políticos que han ocupado cargos públicos y pasan a ocupar otro de calado, pero en el sector privado, en una ponencia titulada ‘La batalla contra la Corrupción’, y lo ha relacionado con el hecho de que sea «una costumbre que lo puramente público se gestione del mismo modo que lo hace la empresa privada».
El acto lo ha clausurado la delegada del Gobierno en Catalunya, Llanos de Luna, que ha felicitado al cuerpo por su «excepcional» trabajo.
Así, Ulled ha criticado que la financiación de los partidos políticos por parte de las empresas sea «de un buenismo sonrojante», que a su juicio hay que atajar, ya que el sistema español ha derivado en una situación en que las oportunidades para la corrupción son cada vez mayores.
Ulled ha explicado que la corrupción ha cambiado y ahora se establecen relaciones corruptas, más que se cometen actos corruptos, ya que «ya no se compra puntualmente a un funcionario para que adjudique ilícitamente una contratación pública, sino que se establece una relación que puede acabar trascendiendo al partido político que le ha nombrado», ha criticado.
«Hay muchas incongruencias en el código penal; se ha legislado de manera deficiente, no se ha reflexionado lo suficiente sobre el redactado de códigos penales, se ha estado parcheando a golpe de titular de prensa y por la obligación de los tratados internacionales», ha lamentado el fiscal, que ha expuesto que algunos de estos redactados son traducciones literales de tratados internacionales del inglés, que pierden sentido al integrarlos en el código español.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, también ha cargado contra el poder legislador por no dotar de suficientes herramientas a jueces e investigadores para desarrollar su trabajo, por lo que, a su juicio, «en ocasiones son los jueces los que tienen que sacar las castañas del fuego porque el legislador no quiere ni asarlas», ha dicho y ha hecho referencia a la doctrina Parot, establecida y aplicada desde 2006 a partir de una sentencia del Tribunal Supremo y anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
PAGAR POR INFORMACIÓN
En el mismo seminario el Comisario principal jefe de la Unidad de delitos económicos y fiscales (Udef), Manuel Vázquez López, ha recordado que estos delitos dañan a las instituciones públicas de un país, y se ha sumado a las solicitudes de medidas por parte de los legisladores para que no sucedan hechos como que «no haya una consideración jurídica de lo que es un regalo y de lo que no lo es».
Entre las ideas que ha lanzado está la de pagar a aquellas personas que den información que destape un fraude importante en, por ejemplo, un ayuntamiento, aclarando que no se trata de recompensar a confidentes y que deben ser los gobernantes los que tomen estas decisiones.
Otra herramienta que el jefe contempla como una posible solución para conseguir que los corruptos devuelvan el dinero ilícito escondido es que se penalice el hecho de no devolverlo –ahora mismo la devolución de parte del dinero es una atenuante, pero no devolverlo no implica un castigo extra–.
En la misma conferencia el presidente de la ONG ‘Transparencia Internacional’, Jesus Lizcano, ha celebrado la mejora que la ley de transparencia ha hecho al Estado como la firma de un compromiso por la transparencia y contra la corrupción ante las elecciones Europeas de mayo de 2014 secundado por los principales partidos «excepto UDC».
Con todo, ha criticado la opacidad de los partidos políticos a la hora de enseñar sus cuentas, ya que «hay partidos que están en quiebra y, cuando son las empresas las que lo están, se les obliga a disolverse», por eso se les solicita que, por lo menos, si no toman medidas, hagan pública su situación para que los ciudadanos la conozcan.
PARAÍSOS FISCALES
En la mesa sobre ‘Delincuencia Organizada, Blanqueo de Capitales y Paraísos Fiscales’ se ha destacado la importancia de la colaboración internacional en un mundo globalizado.
En este sentido, el adjunto al Órgano de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de Notariado, Mariano García Fresno, ha explicado casos como el de Panamá, que no permite invertir en países cuya lista de paraísos fiscales contiene su nombre, por lo que para poder construir la ampliación del canal de Panamá el país centroamericano tuvo que ofrecer una información para poder salir de la lista de países sensibles de ser utilizados como paraísos fiscales.
Asimismo, ofreció como datos que el país que más invierte en China son las Islas Vírgenes inglesas, «que sólo tienen 30.000 habitantes», mientras que Las Bahamas cuentan con 4.500 entidades financieras.
FALSIFICACIÓN DE BILLETES
En la ponencia sobre falsificación de moneda, el inspector jefe de la sección de la Brigada del Banco de España, Juan Carlos Sancho, ha expuesto que en el Estado las organizaciones que falsifican moneda, se dedican a otras cosas «porque no da dinero suficiente».
«Van vinculados normalmente a las drogas; se utiliza mucho en el pago de grandes cantidades de droga, una parte se paga con dinero falso», ha explicado, añadiendo que el 70% de los billetes falsos confiscados en España vienen de Nápoles, que utilizan redes de personas africanas que están afincadas por toda Europa, y que difícilmente se pueden desmantelar porque cuando se detiene a un eslabón se reemplaza de forma inmediata por otro.