Millo asegura que con este recurso el proceso soberanista «queda congelado».
El PP catalán ha solicitado este martes al Consell de Garanties Estatutàries que elabore un dictamen sobre la adecuación al Estatut y a la Constitución de los Presupuestos de la Generalitat para 2015 y la Ley de Medidas Fiscales y Financieras –conocida popularmente como Ley de Acompañamiento–.
Tal y como ya insinuó este lunes la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, los populares han registrado a última hora -el plazo vencía a las 9.30 horas de este martes– la petición de dictamen al órgano consultivo, que ahora deberá resolver en el plazo de un mes si las cuentas para 2015 son constitucionales.
La impugnación de los populares –que recurren las cuentas por segundo año consecutivo– obliga ahora a retrasar el debate final sobre los Presupuestos y la Ley de Acompañamiento, que esta previsto para el pleno de este miércoles y que deberá posponerse hasta que el Consell de Garanties haya dictaminado.
En concreto, los populares han impugnado las enmiendas de ERC a la Ley de Acompañamiento –todavía no incorporadas al texto de la ley pero pactadas con CiU– que hacían referencia al desarrollo de nuevas estructuras de Estado, además de una tasa sobre la expedición de autorizaciones para la caza en vivo de pájaros cantores.
Las enmiendas de ERC impugnadas instan al Govern a elaborar el plan director de la hacienda catalana; inventariar los bienes públicos catalanes ante una «eventual división de activos y pasivos» con el Estado; crear la seguridad catalana; impulsar una sindicatura electoral; preparar la autoridad catalana de la competencia y el organismo que vele por la seguridad nuclear.
Sobre la Ley de Presupuestos, el PP pide al Consell de Garanties que se pronuncie sobre si la Generalitat vulnera la autonomía de organismos como el Parlament, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas, el mismo Consell de Garanties y la Oficina Antifraude al «obligarles» a destinar el ahorro de sus cuentas de 2014 a partidas concretas.
Además, los populares han añadido a última hora una petición para que el órgano consultivo analice también si es inconstitucional la previsión de 2.183 millones de euros en ingresos que la Generalitat espera recibir en concepto de «deudas» del Gobierno central con Catalunya, una previsión que los populares consideran ficticia.
«CUMPLIR LA LEGALIDAD»
En rueda de prensa, el portavoz del PP en el Parlament, Enric Millo, ha defendido que su grupo haya presentado este recurso para garantizar que las leyes que se aprueben en el Parlament cumplen con la legalidad vigente, y ha asegurado que el retraso en la aprobación de las cuentas no impide que el Govern pueda aprobar vía decreto las partidas sociales que considere necesarias.
«Lo que queda congelado de momento es el proceso hacia la independencia. Ahora, el proceso para defender los intereses de la gente no puede quedar congelado de ninguna forma», ha continuado, y ha avanzado que el PP apoyará cualquier decreto del Govern para implantar medidas sociales en favor de los ciudadanos mientras no haya dictamen del Consell de Garanties.
«Esta petición de dictamen no perjudica en absoluto a nada que tenga que ver con la garantía de prestación de servicios públicos ni con las inversiones que se puedan llevar a cabo», ha subrayado, y ha censurado que se acuse al PP de retrasar la aprobación de las cuentas cuando el Govern las ha presentado en diciembre y no a principios de octubre como establece la ley.
POSIBLE RECURSO AL TC
Millo ha cuestionado a los que dicen que el PP no marcará el ritmo el proceso soberanista: «De momento hoy se lo paramos. Hoy queda sometido a revisión», ha apuntado, y ha vaticinado que no será ni la primera ni la última revisión de cualquier paso que se dé y que pueda vulnerar el marco jurídico y democrático.
Aunque no ha querido adelantarse a acontecimientos y ha pedido esperar a conocer el fallo del Consell de Garanties, ha insinuado que los populares pueden acabar recurriendo más adelante al Tribunal Constitucional: «Hay otros órganos superiores que pueden actuar para garantizar que no haya abuso de poder por parte de quien gobierna en Catalunya».