Acuerdo de acusaciones y defensas tras pagarse el fraude a Hacienda.
La Fiscalía ha rebajado la petición de pena al expresidente de la compañía química La Seda de Barcelona Rafael Español de 27 años y medio de prisión a un año y 11 meses, tras pagar el fraude a Hacienda y parte del expolio a la compañía cometido de 2000 a 2004, en un acuerdo de conformidad de todas las partes que ha evitado el juicio este martes.
Según el acuerdo recogido por Europa Press leído este martes en el juicio en la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona y que han firmado las defensas y las acusaciones, Español y el economista Antonio Comadrán acordaron embolsarse grandes cantidades de la compañía –hasta los 12 millones de euros– con la venta de productos o servicios inexistentes o con un valor desmesurado, que las empresas de Comadrán ofrecían a la química.
Para alcanzar el pacto, los acusados Rafael Español y Antonio Comadrán –para quien el fiscal pide la misma pena– han pagado los 3,1 millones de fraude a Hacienda –en los impuestos de IVA, Sociedades e IRPF de las distintas sociedades, personas y operaciones– más 778.238 euros de intereses de demora, además de devolver una cantidad no especificada a la compañía.
PUEDEN EVITAR LA CÁRCEL
Tras dejar el caso visto para sentencia, la Sección 21 de la Audiencia revisará el pacto de conformidad y previsiblemente dictará la sentencia en base al documento; de este modo se prevé que los dos acusados eviten la prisión al no superarse los dos años de pena.
Según la conformidad, Rafael Español y Antonio Comadrán convinieron, para extraer los fondos de la química, que Francisco C.R., Ana María C.V., Xavier L.O. y Salvador M.G., a través de las sociedades controladas por Comadrán –Management y Check Empresarial, ITG Intergroup y Fabricación de asientos para automóviles– emitirían diversas facturas por la venta de mercancías inexistentes o incrementadas «desmesuradamente».
El dinero conseguido con esta operativa se recuperó, o bien en efectivo o bien a través de la adquisición de bienes y servicios para uso exclusivo personal, y, según el fiscal, «quedaron bajo el poder de disposición de los acusados»: Rafael Español y Antonio Comadrán.
Según los cálculos de la Fiscalía, los dos principales acusados consigueron «desvalijar» a La Seda de Barcelona en 9,6 millones de euros, además de que, al fijar precios desmesurados para ciertos servicios, le causaron otro perjuicio de 2,6 millones.
Con estas operaciones –que en algunos casos sí se referían a servicios reales pero en su mayoría a ficticios–, los acusados defraudaron 1,89 millones de euros en IVA e Impuesto de Sociedades en los años 2000 y 2001, más 131.161,24 euros en el IRPF de Comadrán correspondiente al año 2001, una cantidad que ya ha sido abonada por los dos acusados.
Además, entre los años 2002 y 2004, defraudaron 1,08 millones de euros en IVA, lo que ha sido abonado a través de los 3,3 millones de euros que consignó en el juzgado de instrucción el acusado Antonio Comadrán, y el resto será devuelto a La Seda.
Asimismo, los dos acusados han pagado 778.238 euros de intereses de demora de dichos impuestos.
En el escrito consta que La Seda de Barcelona, actualmente en concurso de acreedores, manifiesta haber recibido extraprocesalmente de los dos acusados «parte de la indemnización correspondiente por los perjuicios ocasionados derivados del delito de apropiación indebida y por la gestión imprudente».
ACCIONES CIVILES
Además, recoge que la empresa «manifiesta su deseo de hacer expresa reserva de acciones civiles para ejercitarlas en la vía civil», de cara a reclamar los perjuicios.
Con todo, el fiscal considera a Rafael Español y a Antonio Comadrán responsables de un delito continuado de apropiación indebida –para el que pide una pena de 11 meses y 15 días– y cuatro delitos cada uno contra Hacienda –con una pena de un año de cárcel–.
Por estos delitos, Español deberá pagar 702.000 euros de multa, y Comadrán, 858.000, que podrán pagar en dos años con plazos bimensuales.
A los acusados Francisco C.R., Ana Maria C.V., Xavier L.O. y Salvador M.G. el fiscal les atribuye un delito continuado de falsificación de documento mercantil, y les pide siete meses de prisión y 1.500 euros de multa.