El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ha asegurado este lunes ante el Parlament que el Ministerio Público actúa «bajo los principios de legalidad e imparcialidad» en la investigación al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a dos consellers por la consulta alternativa sobre la independencia celebrada el 9 de noviembre.
Lo ha defendido en su comparecencia en la Comisión sobre Fraude de la Cámara catalana al preguntársele por la credibilidad y el principio de imparcialidad de la Fiscalía tras la querella por el 9N y la salida de su antecesor, Martín Rodríguez Sol, tras avalar el derecho a decidir en el marco de la legalidad.
Romero de Tejada ha reconocido que hubo discrepancias en la Fiscalía sobre la querella por la organización de la consulta; de hecho, el anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ordenó interponer la querella que en un principio la Fiscalía Superior de Cataluña consideró improcedente.
Cuestionado por su opinión por las filtraciones y el quebrantamiento del secreto de sumario en las causas judiciales, el fiscal superior ha considerado que al Ministerio Público le molesta, ya que «pueden atentar los derechos del imputado».
El fiscal superior ha asegurado que el Ministerio Público respeta el secreto de sumario, aunque ha recordado que en los procesos judiciales suele haber muchas partes personadas con «intereses contrapuestos».
Ha rechazado dar más detalles sobre la querella de Mas, y sobre el caso Pujol porque «está en los juzgados y excede de la comisión parlamentaria estando pendiente un juicio».
A preguntas del diputado de ERC Oriol Amorós sobre si hay que blindar a los jueces y fiscales que llevan grandes casos de corrupción, como el juez del caso Nóos José Castro y el hasta ahora juez del caso Gürtel Pablo Ruz, Romero de Tejada ha indicado: «Tiene usted toda la razón que hay que blindarlos».
No obstante, ha valorado que también hay que tener en cuenta el principio de legalidad y si considera que un juez debe jubilarse a los 70 años «no puede llevarse un caso a su casa como si fuera el juguete de un niño».
Respecto a por qué los Mossos no están en la mayoría de casos de corrupción, ha asegurado que el cuerpo catalán cuenta con «todo el beneplácito» de la Fiscalía, pero que muchos casos de corrupción superan las fronteras de la comunidad autónoma y por lo tanto la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera pueden tener más facilidad para obtener datos.
Al preguntársele por las declaraciones de la líder del PP catalán, Alícia Sánchez-Camacho, en la grabación de La Camarga afirmando que tenía un ‘fiscal amigo’, ha declarado: «Si alguien dice que es el amigo del fiscal jefe pues que lo diga, el fiscal sigue sometiéndose a la legalidad y la imparcialidad».
Varios grupos le han preguntado por la falta de medios para luchar contra la corrupción, y el fiscal se ha limitado a decir que luchan con los medios de que disponen: «A quién no le gustaría tener más medios, y a quién no le gustaría tener más dinero, o ser más guapo o más rico».
«NO HAY IMPUNIDAD»
Respondiendo al diputado de ICV-EUiA sobre la sensación de impunidad en casos de corrupción política y delitos económicos, ha subrayado: «No existe impunidad en estos delitos. La gente puede tener el convencimiento de que no hay impunidad».
Sobre si los abogados ‘de lujo’ que consiguen dilatar procedimientos y contribuyen a esta percepción de que la justicia no es igual para todos, según la diputada de la CUP Isabel Vallet, Romero de Tejada ha indicado que son abogados que, como Messi en el fútbol que mete más goles, se valen de su ciencia y «tienen mejor conocimiento de las leyes y de sus vericuetos».
Ha defendido los pactos de la Fiscalía en casos complejos de delitos económicos porque «vale más un mal pacto pero tener la condena» y que el Estado ingrese el dinero correspondiente a la sanción económica, a que se produzca una absolución.
Al preguntarle Meritxell Borràs (CiU) por las recientes detenciones del caso Innova semanas antes de las elecciones municipales, el fiscal superior ha defendido que no existe una motivación política ya que la Justicia no está pendiente de «si hay elecciones o no».