La consejera de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ha presentado este jueves su dimisión después de que el pasado martes el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco la citara a declarar como imputada por delitos de corrupción en el marco de la Operación Púnica.
Así lo ha comunicado en un encuentro con periodistas convocado de forma extraordinaria, donde ha explicado que no quiere «perjudicar al PP ni a la formación de Gobierno a Cristina Cifuentes». «No tengo ningún apego al cargo ni quiero hacer uso de mi aforamiento», ha añadido la hasta ahora consejera.
La consejera también va a dejar su cargo como secretaria de Comunicación en el PP de Madrid, si bien ha recordado que hace «mucho tiempo» que ella no ejerce de portavoz en el partido –lo lleva haciendo desde hace tiempo el vicesecretario general, Bartolomé González–. Figar ha trasladado esta decisión tanto al presidente de la Comunidad, Ignacio González, como a la presidenta del partido, Esperanza Aguirre, y a la ganadora de las elecciones autonómicas, Cristina Cifuentes.
Su decisión de abandonar la política hace dos meses, como ha señalado, no tiene que ver con está circunstancia. Lo pensó hace años, aunque lo haya comentado hace unos meses, ha explicado. También destaca que la sensación que tiene es que sus jefes y sus compañeros no tienen duda de su inocencia y limpieza de las actuaciones.
En el caso de Figar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga contratos por valor de 80.000 euros que la Consejería de Educación habría firmado con Madiva, una de las empresas del presunto ‘conseguidor’ de la red Púnica, Alejandro de Pedro, para trabajos de posicionamiento ‘on line’, y con EICO para la elaboración de una página para estudiantes extranjeros llamada ‘www.studyinmadrid.es’, donde se recogían todos la oferta educativa de la Comunidad.
Fuentes del departamento de Lucía Figar explicaban hace dos días que la Consejería está colaborando con el juez desde hace meses, cuando se remitieron «los expedientes completos de los contratos» afectados, de unos 1.900 euros mensuales, «y la acreditación de los servicios prestados, todo debidamente fiscalizado por la Intervención», apuntaban.