El Pleno del Tribunal de Cuentas ha relevado a los consejeros responsables de la dirección de la Unidad de Partidos Políticos, encargada de fiscalizar las cuentas de las distintas formaciones, y ha puesto al frente a dos consejeras que fueron propuestas para acceder al tribunal por PP y PSOE, respectivamente.
Se trata de la titular del Departamento de Fiscalización de Entidades Locales, María José de la Fuente y de la Calle, que fue elegida consejera por el Congreso en 2012 a instancias de los ‘populares’, y de la titular del Departamento de Fiscalización de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social, María Dolores Genaro Moya, designada por el Senado a propuesta de los socialistas.
Según ha informado el Tribunal en un nota de prensa, ambas suceden al frente de la Unidad de Partidos Políticos al presidente de la Sección de Fiscalización, Javier Medina Guijarro, (promovido en su momento por los dos grandes partidos) y al presidente de la Sección de Enjuiciamiento, Felipe García Ortiz, cuya candidatura de ingreso en el órgano fiscalizador auspició el PSOE.
La Unidad de Partidos Políticos del Tribunal de Cuentas dirige la labor de control externo de la actividad económico-financiera de las formaciones políticas que realiza la institución mediante la fiscalización de la contabilidad anual de los partidos políticos que perciben subvenciones para gastos de funcionamiento, así como de las aportaciones recibidas por las fundaciones y asociaciones que están vinculadas a ellos.
FISCALIZACIÓN Y SANCIONES
Los resultados de estas fiscalizaciones se plasman en los informes que emite el Tribunal de Cuentas sobre los estados contables de los partidos políticos en cada ejercicio, verificando su regularidad y adecuación a lo dispuesto en la normativa referida, y en los que han de hacerse constar expresamente cuantas infracciones o prácticas irregulares se hayan observado.
También es competencia del Tribunal de Cuentas verificar que las formaciones políticas cumplen la normativa en materia de ingresos y gastos en los procesos electorales en los que participen, así como la representatividad de la contabilidad electoral rendida, sin perjuicio de las competencias fiscalizadoras sobre los procesos electorales autonómicos atribuidas a los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas.
Los resultados de la fiscalización de la contabilidad electoral se recogen en los correspondientes informes y, en el caso de que se aprecien irregularidades o violaciones de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electorales, el Tribunal de Cuentas podrá proponer la no adjudicación o la reducción de la subvención electoral correspondiente.
SE HA LOGRADO PONER LOS INFORMES AL DÍA
Asimismo, compete al Tribunal de Cuentas iniciar y tramitar los procedimientos sancionadores seguidos contra las formaciones que cometan alguna de las infracciones que se tipifican en la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, siempre que no constituyan delito, y dictar resoluciones imponiendo, cuando proceda, las correspondientes sanciones.
Durante los últimos años, bajo presidencia de Ramón Álvarez de Miranda, el Tribunal de Cuentas ha dado un fuerte impulso a la fiscalización de la contabilidad ordinaria de los partidos y de los procesos electorales, de forma que se ha puesto al día y que totalmente actualizada ya que los últimos informes aprobados corresponden a las cuentas al cierre del ejercicio 2013.
Además, se ha aprobado el Plan de Contabilidad Adaptado a la Formaciones Políticas, cuya elaboración establecen las disposiciones reguladoras de la Financiación de Partidos Políticos, y ha adoptado unas normas de procedimiento para el desarrollo de la función sancionadora, que la legislación le otorga, respecto de las formaciones políticas infractoras de la normativa, habiendo llevado a cabo actuaciones en este ámbito.
MÁS MEDIOS
Para abordar estas tareas, el Tribunal de Cuentas ha ido reforzado esta unidad significativamente, en la medida en que resultaba preciso, con funcionarios procedentes de otros departamentos de la Institución que temporalmente han prestado servicios en ella.
No obstante, el órgano fiscalizador reconoce que la Unidad de Partidos Políticos tiene aún importantes retos por delante como dotarse de una estructura más homogénea a la de los otros departamentos del Tribunal, reforzándola con medios humanos y materiales, permanentes y suficientes para hacer su trabajo, o Avanzar en el uso de las tecnologías de la información en este área de la fiscalización.
También tendrá que adaptar el Plan de Contabilidad para las Formaciones Políticas existente a los nuevos requerimientos de la Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos.