El exconseller cumple seis años de prisión por la condena penal del Supremo en este caso.
El Tribunal de Cuentas ha decidido estimar la demanda interpuesta por la Generalitat Valenciana y ha declarado al exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, a tres ex altos cargos de su departamento –Alexandre Catalá, Marc Llinares y Tina Sanjuán–, al empresario César Augusto Tauroni y al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, responsables contables directos y solidarios de una malversación contable al Gobierno valenciano, que cifra en 1.623.819,86 euros, por el dinero público malversado en las subvenciones a la Fundación Cyes, que solo destinó 43.000 euros a los proyectos que debía realizar en Nicaragua.
Así consta en una resolución de este órgano, de fecha 12 de noviembre, en la que acuerda también declarar a la Fundación Cyes y a la entidad Sociedad Gestiones e Iniciativas Arcmed, mercantil de Tauroni, como responsables contables subsidiarios de la malversación contable. En este proceso, la Generalitat pidió el desestimiento de acciones respecto al que fuera director general de la extinta Conselleria, Josep Maria Felip, quien fue absuelto penalmente. El Tribunal de Cuentas ha aceptado la solicitud aunque rechaza la pretensión del ex alto cargo de que el Consell fuera condenado en costas por ello.
El Consell reclamaba hasta 1.951.290 euros –intereses incluidos– por malversación contable a Blasco y a condenados en una de las piezas del ‘caso Cooperación’, la relativa a las ayudas a la Fundación Cyes por proyectos en Nicaragua, un dinero que se destinó en su mayor parte a la compra de tres inmuebles y de un garaje en la ciudad de Valencia.
Actualmente, tras confirmar el Tribunal Supremo la sentencia en la parte penal, se encuentran cumpliendo prisión Rafael Blasco, condenado a seis años de cárcel al igual que Tina Sanjuán y César Augusto Tauroni. Alexandre Catalá fue sentenciado a cuatro años y medio y Marcial López a tres años y nueve meses.
ACTUARON CON «DOLO»
En el caso de Marc Llinares, que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia pero absuelto por el TS de malversación de fondos, el Tribunal de Cuentas sí que considera que actuó en estas actuaciones contables con «dolo», al quedar acreditado una voluntad «decidida» y comportamiento «consciente» de cooperar en los hechos y contribuir a que se eludieran los mecanismos de control
En una sentencia de 93 páginas, el consejero José Manuel Suárez considera que tanto Blasco como los que fueran altos cargos de su departamento –el subsecretario Alexandre Català, la secretaria general Tina Sanjuán y el jefe del servicio de Cooperación Marc Llinares– al igual que el empresario César Augusto Tauroni y el presidente de la Fundación Cyes Marcial López, actuaron con dolo y provocaron un perjuicio en los fondos públicos por sus acciones u omisiones.
En concreto, señala que Blasco y sus tres ex altos cargos tenían la «capacidad de seguimiento, control y decisión de los expedientes de subvenciones». Sin embargo, el exconseller «contó con la colaboración» de los otros tres cargos de su departamento «que intervinieron a medida que los expedientes seguían su curso natural, falseando, alterando los documentos y facturas que habían sido presentadas, con el fin de dar una apariencia de legalidad, con el único empecinamiento de otorgar las subvenciones a una entidad que no reunía, ni acreditaba, los requisitos exigidos en la convocatoria y que, pese a no justificar el destino de los fondos para la finalidad para la que se concedieron, no exigieron su reintegro».
Respecto a Marcial López, la Fundación Cyes, y Tauroni, considera que no ofrece «duda alguna» de que el perceptor de la subvención, sea persona física o jurídica, «puede ser condenado al reintegro de la misma» y, en este caso, ha quedado acreditado que las dos personas y la entidad percibieron las subvenciones otorgadas. El empresario, al recibir el 25 por ciento de ellas como «comisión a las labores de mediación realizadas» con el conseller.
«MERA APARIENCIA»
Para el Tribunal de Cuentas, los hechos constituyen un supuesto de malversación de caudales públicos definido en la Ley de Funcionamiento de este órgano, ya que cada uno de los demandados «colaboraron en vencer todos los obstáculos y controles, abonando el terreno para que se otorgaran las subvenciones correspondientes a los expedientes G1 y G2 a una entidad que no era más que una mera apariencia».
Se trataba, añade, de una «pantalla» para encubrir al demandado Marcial López y a sus negocios. «La única finalidad era otorgar esas subvenciones con conocimiento, o al menos, sin importarles el destino que se les fuese a dar, a sabiendas que se destinarían a fines particulares, con el exclusivo objetivo de atender la petición» de Tauroni «interesado económicamente y a nivel personal en la obtención para Cyes de los fondos públicos provenientes de las subvenciones».
De acuerdo con la resolución, el comportamiento desplegado por cada uno de los demandados produjo un perjuicio en los caudales públicos fijado en 1.623.819 euros, una cantidad resultante de la diferencia entre el importe percibido por Cyes procedente de la subvenciones, que ascendió a 1.666.819 y la justificada en proyectos en Nicaragua, por importe de 43.000 euros.
Las actuaciones en este órgano parten de un escrito remitido en abril de 2011 por el síndic major de Comptes por el que se daba traslado de un escrito presentado por la entonces diputada socialista en las Corts Clara Tiado en relación con ambos expedientes. En octubre del año anterior, el PSPV había denunciado ante Fiscalía los hechos.
En mayo de 2014, el TSJCV dictó la sentencia que condenó a Blasco y a sus altos cargos, una resolución que confirmó en junio de 2015 el Supremo, aunque rebajó de ocho a seis años las condenas para el exconseller, Tauroni y Sanjuán. El alto tribunal absolvió tanto al ex director general de la extinta conselleria, Josep María Felip, como al exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares. Sobre estos dos últimos acusados, el TSJCV fijó una pena de cuatro años, seis meses y un día de cárcel para Llinares; y siete años de inhabilitación para Felip.
El Tribunal de Cuentas explica que esta acción ante esta jurisdicción «no es en modo alguno equiparable a la penal», donde se ejercita una pretensión de enjuiciamiento contable de cuentas «a rendir por la posible responsabilidad derivada de la administración de caudales públicos». En el caso de declararse los elementos de la responsabilidad contable, existe la obligación de restituir al ente público perjudicado los daños y perjuicios producidos.