Celaá evita afirmar si es posible celebrarla antes de Reyes.
El Gobierno ha manifestado este viernes su confianza en que si las alegaciones de la Abogacía del Estado a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, como eurodiputado se presentan el lunes 30 de diciembre sea posible cumplir el objetivo que el propio Ejecutivo se ha autoimpuesto para lograr «una investidura lo antes posible».
«Entendemos que daría tiempo físico, se presenta el lunes, daría tiempo físico para atender lo que significa una investidura lo antes posible», ha señalado la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre si sería posible que el socialista Pedro Sánchez fuera investido en segunda votación la víspera de Reyes, 5 de enero.
Celaá ha evitado hablar de una fecha concreta y ha explicado el retraso del pronunciamiento de la Abogacía –el resto de las partes personadas en el juicio del ‘procés’ ya se han manifestado– responde al «estudio profundo» que este órgano está haciendo respecto de una sentencia «novedosa» del tribunal de Luxemburgo que «cambia la doctrina» que había hasta el momento, según la cual cada Estado miembro de la UE decidía en qué momento sus nacionales elegidos en los comicios al Parlamento Europeo obtenían la condición de eurodiputados.
El pasado 19 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, debió ser reconocido como eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones al Parlamento europeo del pasado mes de mayo y gozar «desde ese mismo momento» de inmunidad para poder asistir a la sesión constitutiva de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia) el 2 de julio.
La corte con sede en Luxemburgo deja no obstante en manos del Tribunal Supremo español «apreciar los efectos aparejados a las inmunidades de que goza» Junqueras por el artículo 9 del protocolo sobre privilegios e inmunidades de la UE, de acuerdo al derecho europeo, ahora que el exvicrepresidente del Govern ha sido condenado por el Supremo a 13 años de cárcel e inhabilitación absoluta por el delito de sedición.
La Fiscalía tardó apenas unas horas en reaccionar al fallo del tribunal europeo, oponiéndose a la excarcelación del líder de ERC y solicitando a la Sala que lo juzgó la ejecución inmediata de su pena de inhabilitación como europarlamentario.
Celaá ha señalado este viernes que las alegaciones de la Abogacía «no determinan a punto final la decisión del Tribunal Supremo», cuyos servicios jurídicos estarán estudiando también, ha dicho la portavoz, cómo aplicar el fallo del tribunal de Luxemburgo.
Con respecto al estado de la negociación entre el PSOE y ERC, que pone como condición para seguir avanzando conocer el escrito de la Abogacía, del que espera un «gesto», Celaá ha indicado que sigue «en curso» porque no se ha roto, pero ha evitado entrar en mayores detalles.
NO HAY ‘PLAN B’ A ERC
Lo que ha dejado claro es que la opción de sacar adelante la investidura con la abstención de los 13 diputados de ERC es la única posible para impedir ir a unas terceras elecciones, por lo que el Gobierno no tiene un plan b si esta negociación fracasa, ha sostenido.
«Estamos deseando abrir una nueva etapa en la que, como dijo el Rey en su discurso de Nochebuena, consolidemos el diálogo, la voluntad de entendimiento y de integrar nuestras diferencias como nuestros principales valores, valores que aseguran la convivencia dentro de la diversidad territorial y la pluralidad ideológica de nuestro país», un Gobierno que en tiempos de fragmentación debe respetar las legítimas diferencias «en el marco del Estado social y democrático de derecho», ha indicado.