Borràs comunica al alto tribunal que no considera necesaria su comparecencia e insta a solicitar el permiso para interrogarla.
El Tribunal Supremo se plantea pedir al Congreso de los Diputados el suplicatorio de la portavoz de JxCat, Laura Borràs, para poder investigarla formalmente por las presuntas irregularidades en la adjudicación de 18 contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) a un amigo cuando ésta estaba al frente de la misma.
Fuentes jurídicas han informado a Europa Press, que, después de que la diputada catalana haya rechazado este viernes declarar de forma voluntaria sobre estos hechos, el magistrado instructor Eduardo de Porres está estudiando la posibilidad de tramitar directamente el suplicatorio antes de practicar otras diligencias de investigación, como sería llamar a declarar a Isaías Herrero, persona con la que Borràs habría «defraudado» la institución catalana.
La declaración voluntaria es un trámite marcado por ley y se ofrece habitualmente a todos los aforados. En caso de su rechazo, el magistrado instructor puede proponer a la Sala de lo Penal la tramitación de un suplicatorio al Congreso de los Diputados para obtener permiso para interrogarla, algo que puede tardar hasta dos meses.
Según establece el artículo 14 del Reglamento del Congreso de los Diputados, «el suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio».
El Tribunal Supremo decidió el pasado me de diciembre abrir causa contra Borràs después de que el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que comenzó a investigar estos hechos, remitiera una exposición razonada para investigar a la política catalana por los presuntos delitos de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Tras estudiar el escrito de la juez de Barcelona, y contando con el informe favorable del fiscal para investigar a Borràs, el magistrado Eduardo de Porres dictó el pasado 31 de enero una providencia en la que ofrecía a la portavoz parlamentaria la posibilidad de comparecer voluntariamente «a fin de ser oída en declaración» como investigada por las presuntas irregularidades. Asimismo, el instructor le instó a designar procurador y abogado para personarse en la causa abierta contra ella y poner en su conocimiento «la existencia de unas diligencias».
BORRÀS DICE QUE ESTÁ «COMPLETAMENTE INFORMADA» DE SU INVESTIGACIÓN
Borràs ha presentado un escrito este mismo viernes en el que comunica que «no necesita acudir personalmente» ante el alto tribunal porque considera que ya está «completamente informada» gracias a la difusión «masiva» que se hizo del auto en el que se acordó abrir causa contra ella.
«Soy perfectamente conocedora de cuanto acaece en el presente procedimiento desde el día 28 de junio de 2019 ante el Juzgado número 9 de Barcelona. Por eso entiendo que esta citación supondría duplicar actuaciones innecesariamente», añade el escrito. Además subraya que la comparecencia de este viernes para conocer estas diligencias y el contenido del artículo 118 bis de la LECrim, que regula la tramitación del suplicatorio es «extemporáneo».
Por ello, insta al Supremo a pedir este permiso, pues recuerda que el artículo 71.2 de la Constitución Española establece que «durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito». «No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva», concluye dicho precepto.
La diputada catalana ya anunció este jueves, sobre las 21.30 horas, en su cuenta de Twitter que rechazaba la citación porque ir a declarar «implicaría validar todas las irregularidades que hace más de un año» que está criticando en una causa que, según ha dicho, ha vulnerado sus derechos. Señaló, además, que «el mismo fiscal que vio una rebelión inexistente el 1-O» ahora la acusa de una corrupción que ha asegurado que es inexistente.
«Hay que recordar que esta causa no habría existido nunca si yo no fuera ‘una conocida independentista», subrayó, al mismo tiempo que afirmó que está orgullosa del trabajo realizado con los contratos que son objeto de investigación.
FRACCIONAMIENTO ILEGAL DE LOS CONTRATOS
La exposición razonada de la juez de Barcelona, así como el informe favorable de la Fiscalía, destacan que la diputada de JxCat actuó «de común acuerdo» con Isaías Herrero –investigado también en el Tribunal Supremo a petición de su defensa– «para defraudar» a la ILC «mediante el fraccionamiento ilegal» de los contratos.
Para ello, se llevó a cabo la «falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad de beneficiar los intereses de aquél y causando con ello un claro perjuicio al erario público».
Según la Fiscalía y el Juzgado de Barcelona que comenzó a investigar, hay claros indicios de que, entre los años 2013 y 2017, la portavoz parlamentaria de JxCat «abusó» de su condición de directora de la ILC para adjudicar «directa o indirectamente de manera arbitraria de todos los contratos de programación informática», cuyo importe total es de 259.283 euros sin IVA, a favor de Herrero, con el que se ha acreditado que tenía una «relación personal y profesional».
Según la instrucción realizada hasta el momento, existen indicios de la intención de dotar una «falsa apariencia de transparencia» al procedimiento de contratación y poder justificar que la oferta de Herrero era la más ventajosa».
Esta persona cercana a Borràs aportaba al procedimiento tres presupuestos «de los cuales dos, como mínimo, eran falsos o simulados». Además, los importes señalados en las facturas giradas posteriormente no obedecían «al pago real y efectivo de los trabajos o servicios» prestados por Herrero.